jueves, 18 de julio de 2013

La Comisión propone una Fiscalía Europea

La Comisión Europea va a actuar  para mejorar, mediante la creación de una Fiscalía Europea, el procesamiento en toda la UE de los delincuentes que defraudan a los contribuyentes de la UE. La tarea exclusiva de la Fiscalía Europea será investigar, procesar y, cuando proceda, llevar a juicio, en los tribunales de los Estados miembros, los delitos que afecten al presupuesto de la UE. La Fiscalía Europea será una institución independiente y estará sujeta al control democrático.

José Manuel Barroso, Presidente de la Comisión Europea, ha declarado lo siguiente: «Como prometí en mi discurso sobre el estado de la Unión de 2012, la Comisión ha propuesto hoy la creación de una Fiscalía Europea. Esta iniciativa confirma el compromiso de la Comisión de hacer respetar el Estado de Derecho y mejorará de forma decisiva la protección del dinero de los contribuyentes y el tratamiento eficaz del fraude contra los fondos de la UE. La Comisión también ha cumplido sus compromisos de reforzar y consolidar los procedimientos de la OLAF aplicados a las garantías procesales, en consonancia con las garantías que aplicará la Fiscalía Europea.».

La propuesta de la Comisión se presenta menos de un año después del Discurso sobre el estado de la Unión de 2012 de José Manuel Barroso, en el que declaró lo siguiente: «Nuestro compromiso de hacer respetar el Estado de Derecho también subyace a nuestra intención de crear una Fiscalía Europea, tal como prevén los Tratados».

La lógica de la propuesta de Fiscalía Europea es sencilla: si hay un «presupuesto federal», alimentado con fondos procedentes de todos los Estados miembros de la UE y gestionado en virtud de normas comunes, entonces también se necesitan «instrumentos federales» para proteger ese presupuesto de manera efectiva en toda la Unión. Actualmente, existe un nivel de protección y cumplimiento muy desigual en la UE en materia de lucha contra el fraude de la UE. El porcentaje de acciones judiciales efectivas relacionadas con infracciones contra el presupuesto de la UE varía considerablemente de un Estado miembro a otro, con una media en la UE de solo el 42,3 % (véase el anexo). Muchos asuntos ni siquiera se enjuician, lo que permite a los defraudadores aprovechar las lagunas jurídicas y embolsarse el dinero de los contribuyentes sin castigo. Incluso en caso de procesamiento, hay una gran disparidad entre los Estados miembros desde el punto de vista de las condenas por delitos cometidos contra el presupuesto de la UE.
La Fiscalía Europea velará por que cada asunto de presunto fraude contra el presupuesto de la UE sea objeto de seguimiento completo, de manera que los delincuentes sepan que serán procesados y llevados ante la justicia, lo que tendrá un fuerte efecto disuasorio.
Con arreglo a los Tratados de la UE, Dinamarca no participará en la Fiscalía Europea. El Reino Unido e Irlanda tampoco participarán a no ser que decidan voluntaria y expresamente hacerlo (opción de participación).
Paralelamente a la creación de la Fiscalía Europea, la Comisión propone una reforma de la Unidad Europea de Cooperación Judicial (EUROJUST) y presentar una Comunicación sobre la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

Una estructura descentralizada y rentable
La Fiscalía Europea tendrá una estructura descentralizada e integrada en los sistemas judiciales nacionales. Los fiscales europeos delegados llevará a cabo las investigaciones y actuaciones judiciales en el Estado miembro correspondiente, recurriendo al personal nacional y aplicando el Derecho del país. Sus acciones las coordinará el Fiscal Europeo a fin de garantizar un planteamiento uniforme en toda la UE, lo que reviste una importancia vital, especialmente en los asuntos transfronterizos. La estructura entera se basa en los recursos existentes y, por lo tanto, no debería entrañar grandes gastos adicionales.
Los tribunales nacionales se encargarán del control jurisdiccional, lo que supone que se podrán interponer recursos ante ellos contra las actuaciones de los Fiscales Europeos. Al mismo tiempo, la propuesta refuerza considerablemente los derechos procesales de los sospechosos sujetos a investigaciones de la Fiscalía Europea.

Un «Colegio» de diez miembros, compuesto por el Fiscal Europeo, los 4 fiscales adjuntos y cinco fiscales delegados, garantizará una integración total entre la UE y el nivel nacional, sobre todo mediante el consenso sobre las normas generales en materia de adjudicación de asuntos.
Derechos procesales sólidos

La propuesta garantiza una mayor protección de los derechos procesales de las personas afectadas por las investigaciones de la Fiscalía Europea que la que existe actualmente en virtud de los sistemas nacionales. Esto incluye, por ejemplo, el derecho a interpretación y traducción, el derecho a la información y al acceso a la documentación del asunto o el derecho a un abogado en caso de detención.
Además, las normas que establecen la Fiscalía Europea definen otros derechos aún no armonizados por la legislación de la UE a fin de garantizar sólidas salvaguardias de los derechos procesales, entre los que se cuentan el derecho a guardar silencio y la presunción de inocencia, el derecho a la asistencia jurídica gratuita y el derecho a presentar pruebas y a oír a los testigos.
La propuesta también establece normas claras y armonizadas sobre las actuaciones de investigación que la Fiscalía Europea puede utilizar en sus investigaciones, así como disposiciones sobre la compilación y el uso de pruebas.

Mejora de la gobernanza de la OLAF y refuerzo de las garantías procesales
La Comisión propone consolidar en mayor medida la gobernanza de la OLAF y reforzar las garantías procesales a la hora de efectuar sus investigaciones, teniendo en cuenta lo previsto para la Fiscalía Europea. Se contemplan dos iniciativas fundamentales a este respecto. En primer lugar, se establecerá un órgano independiente responsable de las garantías procesales a fin de consolidar el control jurídico de las medidas de investigación de la OLAF. En segundo lugar, se contemplará una salvaguardia procesal específica en forma de autorización del órgano responsable de las garantías procesales en el caso de medidas de investigación de carácter más invasivo (registros de oficinas, confiscaciones de documentos, etc.) que la OLAF pueda necesitar llevar a cabo en las instituciones de la UE.

El papel de la OLAF también cambiará con la creación de la Fiscalía Europea.
La OLAF seguirá encargándose de las investigaciones administrativas que no entren en el ámbito de competencia de la Fiscalía Europea, tales como las efectuadas en materia de irregularidades que afecten a los intereses financieros de la UE o los delitos o faltas graves del personal de la UE que no tengan incidencia financiera.

La OLAF dejará de realizar investigaciones sobre fraudes contra la UE u otros delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión, debido a que esos delitos serán competencia exclusiva de la Fiscalía Europea tras su creación. Si la OLAF sospecha que se han cometido tales delitos, estará obligada a notificarlos lo antes posible a la Fiscalía Europea. Aunque dejará de efectuar investigaciones en ese ámbito, la OLAF seguirá prestando asistencia a la Fiscalía Europea a petición de esta, como ya hace con los fiscales nacionales. Este cambio facilitará un proceso de investigación más rápido y contribuirá a prevenir la duplicación de las investigaciones administrativas y penales sobre los mismos hechos. Así aumentarán las posibilidades de un procesamiento con éxito.

Próximos pasos
El Reglamento propuesto tiene que ser aprobado por unanimidad por los Estados miembros en el Consejo, tras obtener la aprobación del Parlamento Europeo.
Si no puede alcanzarse la unanimidad en el Consejo, los Tratados prevén que un grupo de al menos nueve Estados miembros pueda entablar una cooperación reforzada (artículo 86 del TFUE).
Para más información:
    Expediente de prensa:
    Comisión Europea – Política de Derecho penal:
    http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy

No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada