lunes, 3 de junio de 2013

Salir de la crisis: recomendaciones específicas para España

La Comisión Europea ha adoptado las  recomendaciones anuales a los Estados miembros destinadas a sacar a Europa de la crisis y a consolidar las bases del crecimiento. Para el presidente José Manuel Barroso hay que “liquidar los dos legados duraderos de esta crisis, la grave pérdida de competitividad de muchos Estados y el desempleo persistente, con todas sus consecuencias sociales”.

Las recomendaciones para este año, formuladas por la Comisión son concretas y están adaptadas a la situación de cada Estado miembro. En el caso de España, considera que cumple las condiciones para ampliar en dos años el plazo que le permita poner fin a la situación de déficit excesivo que está lastrando su economía.

¿CÓMO MEJORARÁ EL SALDO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURAL?

España debe conseguir que en 2016 su déficit público global sea inferior al 3%, los objetivos de déficit serán el 6,5% del PIB en 2013,  el 5,8% en 2014, el 4,2% en 2015, y finalmente el 2,8% en 2016. Para alcanzar estas previsiones debe aplicar en todos los niveles del Estado las medidas adoptadas en los planes presupuestarios  de 2013 y estar preparada para tomar medidas correctivas en el caso de que se produzcan desviaciones.

La Comisión fija un calendario

La evaluación que se ha hecho del programa de reformas concluye que va en la buena dirección. Al mismo tiempo, subraya que es urgente aprobar y aplicar con eficacia las reformas pendientes siguiendo un cronograma, de modo que puedan empezar a producir los efectos positivos previstos  en el país. 
  • Poner en marcha antes de que termine el año un organismo presupuestario independiente que supervise, analice y asesore la conformidad de la política presupuestaria con las normas nacionales y las de la UE.
  • Antes de que termine 2013 debe de estar regulado el factor de sostenibilidad que garantice la estabilidad financiera del sistema de pensiones, estableciendo la edad de jubilación en función del aumento de la esperanza de vida.
  • A principios de 2014 tiene que estar en vigor la Ley de Dexindexación para reducir la influencia de los precios en el gasto e ingresos públicos. 
  • En 2014 el gasto público tiene que haber ganado en eficiencia y calidad en todos los niveles de la Administración y las mayores partidas de gasto se deben someter a un examen sistemático. La Administración debe pagar las facturas pendientes y evitar que se vuelvan a acumular, a la vez que debe publicar datos sobre las cantidades pendientes.
  • La relación coste-eficacia del sector sanitario debe ser mayor, reduciendo por ejemplo el gasto farmacéutico de los hospitales, potenciando la coordinación entre los distintos tipos de asistencia sanitaria, manteniendo al mismo tiempo la atención a los grupos vulnerables.
  • Llevar a cabo el programa del sector financiero para la recapitalización de las  instituciones financieras, incluidas las medidas de fomento de la intermediación no  bancaria adoptadas en noviembre de 2012.
  • Estudiar la posibilidad de subir el IVA y los impuestos medioambientales, sobre todo a los carburantes; reducir el sesgo en favor del endeudamiento en el impuesto de sociedades; intensificar la lucha contra la economía sumergida y el trabajo no declarado.
  • Poner en marcha las medidas necesarias para reducir el número de personas en riesgo de pobreza o marginación social reforzando las políticas activas dirigidas al mercado de trabajo, con el fin de aumentar la empleabilidad de las personas con menos posibilidades, y mejorar el objetivo, la adecuación, la eficiencia y la eficacia de las medidas de apoyo, incluidos servicios de ayuda de calidad a las familias.
  • Examinar la eficacia del marco regulador respecto al apoyo al desarrollo del mercado de alquiler de viviendas.

Mercado del trabajo

La reforma del mercado de trabajo de 2012, ha de ser evaluada antes de julio de 2013, de forma que  si hay que aplicar reformas se hagan antes de septiembre. El gobierno español tiene que aprobar el Plan Nacional de Empleo de 2013 antes del mes de julio, y realizar rápidamente una reforma de las políticas activas del mercado de trabajo, orientadas a la consecución de resultados, incluido el fortalecimiento de los objetivos y la eficiencia de las orientaciones. Debe reforzar y modernizar los servicios de empleo público para garantizar una asistencia individualizada a los desempleados según sus perfiles y necesidades de formación; reforzar la eficacia de los programas de recualificación para los trabajadores de más edad y de escasa cualificación; poner totalmente en funcionamiento el portal único de empleo y acelerar la aplicación de la colaboración público-privada en los servicios de colocación para garantizar una aplicación efectiva ya en 2013. 

Desempleo juvenil

Un gran reto para la Comisión es atajar el desempleo, sobre todo el que afecta a los jóvenes. España debe aplicar las medidas  expuestas en la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013/2016 http://www.empleo.gob.es/es/estrategia-empleo-joven/ y efectuar un estrecho seguimiento de la eficacia de las mismas, por ejemplo mediante una garantía juvenil; proseguir la labor encaminada a reforzar la pertinencia de la educación y la formación para el mercado de trabajo, reducir el abandono escolar prematuro y potenciar la educación permanente, prorrogando la aplicación de la formación profesional dual más allá de la actual fase piloto e introduciendo un sistema global de seguimiento del rendimiento de los alumnos para finales de 2013.

Empresas

La Comisión pide a España que apruebe y aplique urgentemente el proyecto de Ley de Garantía de la Unidad de Mercado http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Enlaces/250113enlaceleyunidaddemercado; que garantice la eficacia, autonomía e independencia del organismo regulador creado recientemente; apruebe y aplique la Ley de Colegios y Servicios Profesionales y la Ley de Apoyo al Emprendedor; que reagrupe y concentre los regímenes de apoyo a la internacionalización de las empresas. Además tiene que  reducir el número de procedimientos de concesión de licencias y hacerlos más cortos, también en el caso de las actividades industriales; y ampliar el uso del sistema de «licencia rápida» a actividades que no sean minoristas; examinar los marcos de insolvencia para las empresas y los particulares, limitando entre otras medidas la responsabilidad personal de los empresarios y facilitando las segundas oportunidades para las empresas que hayan quebrado; eliminar las restricciones injustificables al establecimiento de grandes locales minoristas.


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