La Comisión Europea ha aprobado, en virtud de las
normas sobre ayudas estatales de la UE, el mapa de concesión de ayudas
regionales a la inversión de España para el período 2014-2020. El mapa se basa
en las nuevas Directrices sobre ayudas de finalidad regional adoptadas por la
Comisión en junio de 2013, que
establecen las condiciones en las que los Estados miembros pueden conceder
ayudas estatales a las empresas con fines de desarrollo regional. El objetivo de
estas Directrices es impulsar el crecimiento y la cohesión en el mercado
único.
El mapa de ayudas regionales de España define las
regiones que pueden acogerse a las ayudas regionales a la inversión y establece
los importes máximos (denominadas «intensidades de ayuda») para las empresas de
las regiones subvencionables. El mapa estará en vigor entre el 1 de julio de
2014 y el 31 de diciembre de 2020.
Las regiones designadas tienen una población
total de 32,25 millones de personas, esto es, el 68,59 % de la población de
España. Las intensidades de ayuda que pueden concederse a los proyectos de
inversión regional realizados por grandes empresas en las regiones asistidas
oscilan entre el 10 % y el 35 % de los costes de inversión totales, en función
de la zona de que se trate. Estos porcentajes pueden incrementarse en 10 puntos
porcentuales para las empresas medianas y en 20 puntos porcentuales para las
pequeñas empresas.
De conformidad con las Directrices regionales,
las zonas con un PIB per cápita inferior al 75 % de la media de la UE o que sean
regiones ultraperiféricas son prioritarias para las ayudas regionales a la
inversión, puesto que la finalidad principal de las ayudas de finalidad regional
es estimular el desarrollo de las regiones más desfavorecidas de Europa. Las
regiones que entran en esta categoría representan el 6,9 % de la población de
España y seguirán acogiéndose a ayudas regionales a la inversión con unas
intensidades máximas de ayuda del 25 % (Extremadura) o del 35 % (Islas Canarias)
de los costes subvencionables de los proyectos de inversión. Galicia,
Castilla-La Mancha y Andalucía ya no entran en esta categoría, de acuerdo con el
objetivo de concentrar la ayuda en las regiones más desfavorecidas. Con el fin
de facilitar una transición sin problemas, estas regiones mantendrán una
intensidad de ayuda más alta, cifrada en el 15 %, hasta finales de 2017. A
continuación, se aplicará la intensidad máxima de la ayuda del 10 % para las
regiones menos desfavorecidas.
Otras regiones desfavorecidas respecto a la media
nacional o de la UE pueden acogerse a las ayudas regionales siempre que cumplan
determinados criterios y respeten un límite máximo de cobertura de la población
global. Esto permite a los Estados miembros hacer frente a sus propias
disparidades regionales. Como estas regiones están en una situación menos
desfavorecida que aquellas con un PIB per cápita inferior al 75 % de la media de
la UE, tanto el ámbito geográfico como la intensidad de ayuda son limitados.
Debido a la elevada tasa de desempleo, el 33 % de la población de España podrá
acogerse a ayudas regionales a la inversión en esta categoría, con una
intensidad máxima de ayuda del 10 %.
Esas regiones son las siguientes: Asturias,
Cantabria, Castilla y León (excepto Soria), Comunidad Valenciana (excepto
Valencia capital), Murcia, Ibiza y Formentera, Menorca, Ceuta y Melilla, así
como zonas de Huesca y Zaragoza (excepto Zaragoza capital), Cataluña, Mallorca,
La Rioja, la Comunidad de Madrid, Navarra y el País Vasco.
Las intensidades máximas de ayuda para las ayudas
regionales a la inversión en las regiones asistidas se han reducido ligeramente
en comparación con los mapas de ayudas anteriores (en hasta 5 puntos
porcentuales, según la región). Por otra parte, la cobertura de la población ha
aumentado del 59,6 % en los mapas anteriores al 68,66 % en el nuevo
mapa.
Contexto
Las Directrices sobre ayudas de finalidad
regional establecen las normas en virtud de las cuales los Estados miembros
pueden conceder a las empresas ayudas estatales para apoyar las inversiones en
nuevas instalaciones de producción en las regiones más desfavorecidas de Europa,
o para ampliar o modernizar las instalaciones existentes. En última instancia,
las ayudas estatales de finalidad regional aspiran a contribuir al desarrollo
económico y el empleo. Estas Directrices sobre ayudas de finalidad regional
contienen normas sobre cuya base los Estados miembros pueden elaborar mapas de
ayudas regionales válidos durante todo el período de vigencia de las
Directrices. Los mapas determinan las zonas geográficas en que las empresas
pueden recibir ayudas estatales de finalidad regional y el porcentaje de los
costes de inversión subvencionables (intensidad de ayuda). Los costes
subvencionables son la parte de los costes totales de inversión que pueden
tenerse en cuenta a efectos del cálculo de la ayuda.
El artículo 107, apartado 3, letra a), del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) permite a los Estados
miembros conceder ayudas estatales destinadas a favorecer el desarrollo
económico de las regiones en las que el nivel de vida sea anormalmente bajo o en
las que exista una grave situación de subempleo. Las Directrices sobre ayudas de
finalidad regional definen esas zonas como las regiones con un PIB per cápita
inferior al 75 % de la media de la UE y las regiones ultraperiféricas. Además,
al efecto de garantizar una transición sin problemas, las regiones que antes
estaban por debajo del umbral del 75 % del PIB de la UE se seguirán
predefiniendo a escala de la UE como subvencionables.
El artículo 107, apartado 3, letra c), del
Tratado CE permite conceder ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de
determinadas actividades o regiones económicas, siempre que no alteren las
condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común. Las
Directrices sobre ayudas de finalidad regional las definen como las regiones de
un Estado miembro desfavorecidas en comparación con la media de la UE o la media
nacional. Las Directrices establecen un límite de cobertura de población con el
objetivo de concentrar la ayuda en las regiones más desfavorecidas. Esta
cobertura de población se reparte entre los Estados miembros conforme a
criterios socioeconómicos que tienen en cuenta las disparidades regionales,
tales como el desempleo, tanto a escala nacional como de la UE. Compete a cada
Estado miembro decidir en su mapa de ayudas regionales el mejor modo de utilizar
este margen de maniobra para definir más zonas subvencionables con el fin de
atajar sus disparidades regionales internas.
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