El pasado 23 de marzo la Comisión Europea adoptó dos propuestas que tienen como objetivo proteger a los consumidores y mejorar la sostenibilidad.
Facilitar decisiones sostenibles y acabar con el blanqueo ecológico
Una de ellas tiene propone como objetivos criterios comunes contra el blanqueo ecológico (greenwashing) y las declaraciones medioambientales engañosas. Con arreglo a la propuesta presentada, los consumidores disfrutarán de mayor claridad y de una garantía más sólida de que, cuando algo se venda como ecológico, lo sea de verdad, y de una información de mejor calidad para optar por productos y servicios respetuosos con el medio ambiente. Las empresas también saldrán ganando, porque los consumidores podrán reconocer y premiar aquellas que hagan un verdadero esfuerzo por mejorar la sostenibilidad medioambiental de sus productos y podrán así estimular sus ventas, en lugar de sufrir una competencia desleal. De este modo, la propuesta contribuirá a establecer unas condiciones de competencia equitativas en lo que respecta a la información sobre el comportamiento medioambiental de los productos.
Un estudio de la Comisión de 2020 puso de manifiesto que el 53,3 % de las alegaciones medioambientales examinadas en la UE eran vagas, engañosas o infundadas, y el 40 % de ellas carecían de fundamento. La falta de normas comunes aplicables a las empresas que formulan declaraciones ecológicas voluntarias favorece el «blanqueo ecológico» y crea unas condiciones de competencia desiguales en el mercado de la UE, en detrimento de las empresas verdaderamente sostenibles.
Según la propuesta, cuando las empresas decidan formular una «declaración ecológica» sobre sus productos o servicios, tendrán que respetar unas normas mínimas sobre la manera de fundamentar y comunicar esa clase de declaraciones.
La propuesta se centra en las declaraciones expresas, por ejemplo, «camiseta fabricada con botellas de plástico reciclado», «entrega con emisiones de CO2 compensadas», «envases fabricados con un 30 % de plástico reciclado» o «protección solar respetuosa con los océanos». También tiene por objeto evitar la proliferación de etiquetas y de nuevas etiquetas medioambientales públicas y privadas. Abarca todas las declaraciones voluntarias sobre los impactos, los aspectos o el comportamiento de un producto o del propio comerciante desde el punto de vista del medio ambiente. Sin embargo, excluye las declaraciones contempladas en las normas vigentes de la UE, tales como la etiqueta ecológica de la UE o el logotipo de alimentos ecológicos, ya que la legislación vigente ya garantiza que esas declaraciones reguladas sean fidedignas. Por la misma razón, se excluirán las reclamaciones que contemple la próxima normativa de la UE.
Antes de que las empresas comuniquen a los consumidores cualquiera de los tipos cubiertos de «declaraciones ecológicas», tales declaraciones deberán verificarse de forma independiente y demostrarse con pruebas científicas. Como parte de este análisis científico, las empresas determinarán los impactos medioambientales que realmente sean pertinentes para su producto y definirán cualquier compensación, a fin de ofrecer una imagen completa y precisa.
La propuesta también regulará las etiquetas medioambientales. En la actualidad existen al menos 230 etiquetas diferentes y hay indicios de que esto genera confusión y desconfianza entre los consumidores. Para controlar la proliferación de tales etiquetas, no se permitirán nuevos sistemas de etiquetado público, a menos que se formulen a escala de la UE, y cualquier nuevo sistema privado tendrá que demostrar una ambición medioambiental mayor que los existentes y obtener una aprobación previa para poder ser autorizado. Existen normas detalladas sobre las etiquetas ecológicas en general: también deben ser fidedignas y transparentes, y deben verificarse de forma independiente y revisarse periódicamente.
Nuevos derechos de los consumidores en materia de reparaciones sencillas y atractivas
Además, ha adoptado una nueva propuesta de normas comunes que promueven la reparación de productos, lo que supondrá un ahorro para los consumidores y contribuirá a los objetivos del Pacto Verde Europeo mediante la reducción de los residuos, entre otras cosas. En las últimas décadas se ha solido dar prioridad a la sustitución frente a la reparación cuando los productos empiezan a fallar y no han ofrecido incentivos insuficientes a los consumidores para que reparen sus bienes tras expirar la garantía jurídica. La propuesta hará que sea más fácil y rentable para los consumidores reparar los productos en lugar de sustituirlos. Además, una mayor demanda se traducirá en un impulso para el sector de la reparación, al tiempo que incentivará a los productores y vendedores a desarrollar modelos de negocio más sostenibles.
La propuesta presentada velará por que se reparen más productos dentro de la garantía jurídica y que los consumidores dispongan de opciones más sencillas y baratas para reparar productos técnicamente reparables (por ejemplo, aspiradoras o, pronto, tabletas y teléfonos inteligentes) cuando la garantía jurídica haya expirado o cuando el producto ya no funcione debido a su desgaste.
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