Un informe publicado por la Comisión pone de relieve los problemas legales a los que aún se enfrentan en Europa las
parejas internacionales (cónyuges de nacionalidades diferentes) cuando intentan
solucionar un litigio transfronterizo relacionado con su matrimonio o con la
custodia de sus hijos. La movilidad, cada vez mayor, de ciudadanos dentro de la
Unión ha hecho que aumente el número de familias cuyos miembros son de
nacionalidades diferentes, viven en diferentes países de la UE o habitan en un
país de la UE del que quizás algunos de ellos no sean nacionales. Cuando las
familias se separan, la cooperación judicial transfronteriza resulta necesaria
para que los hijos puedan gozar de un marco jurídico seguro que les permita
mantener relaciones con sus dos progenitores o con sus tutores, que puede que
vivan en otro Estado miembro. El informe publicado hoy subraya que todavía queda
mucho por hacer para ayudar a las familias internacionales a aclarar
jurídicamente ese tipo de situaciones (por ejemplo, ¿cuál es el tribunal
competente?). En consecuencia, la Comisión Europea ha puesto en marcha una
amplia consulta pública para encontrar posibles soluciones, así como una campaña
de divulgación de las normas y las vías de ayuda existentes en caso de que una
familia internacional decida separarse. Todas las personas interesadas pueden
aportar su contribución aquí. La consulta estará abierta hasta el 18 de
julio.
«Por su propia naturaleza, las rupturas
familiares son siempre difíciles. Cuando, además, tienen una dimensión
transnacional se añaden problemas de índole legal debido a la complejidad de la
situación. En consecuencia, Europa necesita dotarse de normas adecuadas para
ayudar a las parejas a separarse de la manera menos complicada posible, en
especial cuando hay menores por medio», ha afirmado la vicepresidenta
Viviane Reding, comisaria de Justicia de la UE. «En la Unión Europea existen
normas para determinar los órganos jurisdiccionales competentes y ayudar
a las familias internacionales desde 2001, pero transcurridos trece años ha
llegado el momento de mejorarlas. Los ciudadanos, los abogados, los jueces, las
autoridades nacionales y las ONG interesadas pueden aportar su
granito de arena para determinar qué tipo de medidas debe adoptar la UE para
facilitar aún más la vida a las parejas internacionales.»
En el informe publicado hoy por la Comisión
Europea se afirma que las actuales normas de la UE han ayudado considerablemente
a los ciudadanos a solucionar sus litigios matrimoniales de carácter
transfronterizo y las cuestiones de responsabilidad parental derivadas de ellos.
El Reglamento de 2003, relativo a la competencia, el
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial
y de responsabilidad parental ha contribuido a evitar que se desarrollaran
procedimientos judiciales paralelos en varios países de la UE al determinar
cuáles eran los órganos jurisdiccionales nacionales competentes para conocer de
un divorcio y de las cuestiones de responsabilidad parental (como los derechos
de custodia y de visita), incluso tratándose de hijos nacidos fuera del
matrimonio. También estableció un sistema de cooperación entre autoridades
centrales de los Estados miembros en materia de responsabilidad parental y ha
facilitado la ejecución de los derechos de visita de los padres, así como de
determinadas órdenes de restitución de menores dictadas para facilitar la
devolución rápida de estos en casos de sustracción transfronteriza de menores
por sus progenitores.
Sin embargo, el informe también saca a
relucir algunas carencias del marco jurídico vigente:
·
En lo que atañe a las normas que
determinan en qué órgano jurisdiccional de un país de la UE recae la
competencia en los asuntos matrimoniales y de responsabilidad parental, la
ausencia de una norma uniforme y completa sobre competencia, aplicable a todo
tipo de situaciones, constituye una fuente de inseguridad jurídica y provoca
desigualdades en cuanto al acceso a la justicia de los ciudadanos de la
Unión.
·
La libre circulación de las
resoluciones judiciales en materia de asuntos matrimoniales y de
responsabilidad parental aún no está totalmente garantizada, ya que todavía son
precisos largos y costosos procesos para que algunas categorías de resoluciones
sean reconocidas en otro Estado miembro.
·
La ejecución de resoluciones
dictadas en otros Estados miembros suele
plantear dificultades debido a las divergencias existentes entre las
normas procedimentales de los Estados miembros, por ejemplo en lo relativo a la
declaración de los menores.
·
La cooperación entre las autoridades
centrales de los Estados miembros puede mejorarse,
en especial en lo que respecta a la obtención e intercambio de información sobre
la situación de los menores sustraídos.
Con objeto de estudiar posibles soluciones,
durante los tres próximos meses (del 15 de abril al 18 de julio) se llevará a
cabo una consulta pública sobre la aplicación de las normas vigentes en la
actualidad. Al mismo tiempo, se pondrá en marcha una campaña de divulgación que
facilitará información específica a las familias internacionales sobre la sustracción parental transfronteriza de menores y sobre los derechos de custodia y de visita, con objeto de que comprendan
mejor sus derechos y obligaciones.
Para mayor información
Página web de la vicepresidenta Viviane
Reding, comisaria de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía de la UE:
http://ec.europa.eu/reding
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