El cargador universal para dispositivos móviles llegará por fin en 2024

• Un cargador común para teléfonos móviles y tabletas: bueno para el medio ambiente y los consumidores
• El nuevo estándar será el puerto USB tipo C, que optimiza la carga de los dispositivos portátiles y la transferencia de datos
• Los compradores podrán adquirir sus nuevos dispositivos con o sin cargador

Tras la aprobación del Parlamento, los consumidores europeos pronto podrán cargar sus dispositivos electrónicos con un único cargador. 

Antes de que acabe 2024, todos los teléfonos móviles, tabletas y cámaras que se vendan en la UE deberán incorporar un puerto de carga USB tipo C. A partir de la primavera de 2026, la obligación se extenderá a los ordenadores portátiles. El pleno aprobó el martes la nueva legislación con 602 votos a favor, 13 en contra y 8 abstenciones. Esta iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia de la UE encaminada a reducir los residuos electrónicos e informar a los consumidores de manera que puedan tomar decisiones más sostenibles.

Ya no será necesario un cargador diferente para cada dispositivo nuevo. Gracias a la legislación aprobada, los consumidores podrán utilizar un único cargador para una variedad de aparatos electrónicos portátiles de formato pequeño y mediano de nueva adquisición, que deberán llevar integrado un puerto USB tipo C.

Con independencia del fabricante, la obligación se aplicará a todos los teléfonos móviles, las tabletas, las cámaras digitales, los auriculares, los libros electrónicos, los teclados y los ratones, así como las consolas de videojuegos, altavoces, sistemas de navegación y ordenadores portátiles.

Todos los dispositivos que permiten la carga rápida tendrán la misma velocidad de carga, lo que permitirá a los usuarios cargarlos a la misma velocidad con cualquier cargador compatible.

El Consejo deberá aprobar formalmente la Directiva antes de su publicación en el Diario Oficial de la UE. Entrará en vigor veinte días después de su publicación. Los Estados miembros dispondrán de doce meses para reflejar las nuevas normas en su legislación y de otros doce meses más para empezar a aplicarlas. Los productos comercializados antes de la fecha de aplicación no estarán sujetos a las nuevas normas.