La Comisión Europea (CE) propuso esta normativa el pasado septiembre para garantizar el reconocimiento mutuo de la discapacidad en todos los países de la Unión, proporcionando a las personas con discapacidad que viajen a otro Estado miembro un acceso idéntico a condiciones especiales y el mismo trato del que disfrutan en su país de origen.
La directiva pretende garantizar la igualdad de acceso o trato preferente, como plazas de aparcamiento reservadas, entradas a precio reducido o nulo, acceso prioritario y asistencia tanto en actos culturales y de ocio, como en instalaciones deportivas, de playa y servicios de transporte en los distintos países de la Unión.
Según el texto acordado por el Consejo, los Estados miembros pueden decidir aplicar las mismas medidas para estancias superiores a tres meses.
«Es una demanda histórica y un hito importante que reforzará los derechos de 87 millones de personas», remarcó Bustinduy en una rueda de prensa al término de la reunión con sus homólogos de la UE.
Las autoridades nacionales serán las responsables de expedir estas tarjetas europeas de discapacidad, tanto físicas como digitales, en un formato accesible, que serán reconocidas en todos los países del club comunitario como prueba de la discapacidad.
Además, con el objetivo de garantizar una aplicación uniforme y el reconocimiento mutuo en los Veintisiete, la tarjeta europea de estacionamiento sustituirá a todas las tarjetas existentes para la movilidad transfronteriza en un plazo de cinco años a partir de la entrada en vigor de la normativa.
Ahora el Parlamento Europeo debe fijar su posición negociadora, que se espera llegue a principios de 2024, y ambas instituciones tendrán que negociar el texto definitivo.
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