El pleno condenó enérgicamente el retroceso en los derechos de las mujeres y en los derechos a la salud sexual y reproductiva en EE. UU y en algunos Estados de la UE.
En una resolución aprobada con 324 votos a favor, 155 en contra y 38 abstenciones, el Parlamento pidió el pasado 7 de julio incluir el derecho al aborto en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, en el artículo 7, añadiendo que "toda persona tiene derecho a un aborto seguro y legal". Los eurodiputados animan al Consejo a debatir el tema, en el marco de la convocatoria de una convención para la revisión de los Tratados, tal y como demandó el PE en su resolución del 9 de junio.
La Cámara expresa su solidaridad y apoyo a las mujeres y las niñas en EE.UU., así como a quienes colaboran tanto en la prestación como en la defensa del derecho y del acceso a una asistencia legal y segura en los casos de aborto en estas difíciles circunstancias. También respalda la petición al Congreso estadounidense para que apruebe un proyecto de ley que proteja el aborto a nivel federal.
Los eurodiputados muestran preocupación por el posible aumento del flujo de dinero para financiar grupos posicionados contra la igualdad de género y contra el aborto en el mundo, incluyendo en Europa. Llaman a los Estados miembros a despenalizar el aborto, y a eliminar y combatir las restricciones legales, financieras, sociales, además de las prácticas, que aún obstaculizan el acceso al aborto en algunos Estados miembros.
La resolución reitera que los países de la UE deben asegurar el acceso a servicios de aborto seguros, legales y gratuitos. También deberán garantizar servicios y suministros de asistencia sanitaria prenatal y materna, la planificación familiar voluntaria, métodos anticonceptivos, servicios adaptados a los jóvenes, así como la prevención, el tratamiento, la atención y apoyo ante el VIH, sin incurrir en ningún tipo de discriminación. Por último, los eurodiputados piden a la Comisión y a los Estados miembros que intensifiquen su apoyo político a los defensores de los derechos humanos y a los proveedores de asistencia sanitaria que trabajan para promover la salud y los derechos sexuales y reproductivos.
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