12 de junio de 1985: detrás de la decisión de España de firmar el Tratado de Adhesión a las entonces Comunidades Europeas se adivinaban las ansias de un país por superar un pasado autoritario, consolidar su frágil democracia -como acababa de demostrar el fallido intento de golpe de estado- y modernizar un país anclado al otro lado de los pirineos. Treinta años después, las fotos de estas dos Españas poco tienen que ver: Las profundas desigualdades económicas entre sus regiones, la modesta capacidad industrial del país, el modelo agrícola dominante, la falta de infraestructuras clave para la apertura del país al turismo y al mercado exterior apenas tienen reflejo en la moderna España de hoy.
Los analistas se han referido a menudo a nuestro ingreso en la UE como el Plan Marshall que España nunca tuvo y tanto necesitaba para potenciar su desarrollo. Si nuestra renta per cápita rozaba el 72% de la media europea en 1986 (con 12 países miembros) hoy es del 94% respecto a la UE de los 28 –y en los años previos a la crisis llegamos a superar en cinco puntos esta media-, lo que nos invita a transitar del grupo de países receptores netos de ayudas comunitarias al de los países contribuyentes. Los entonces 38,3 millones de españoles contaban con una esperanza de vida de 76,4 años. Hoy somos ya 46,5 millones de habitantes con una esperanza de vida entre las más longevas en Europa (83,2 años). En medio, tres décadas de inmersión en Europa que nos dejan la participación en una moneda común y un saldo positivo en nuestras arcas. Y es que la UE ha invertido solo en fondos regionales (FEDER, FSE y Cohesión) en España la friolera de 150.000 millones de euros desde 1986 hasta hoy.
Pero la apuesta por la Unión Europea nunca se entendió como un mero juego de sumas sino como un proyecto de paz, estabilidad y democracia. Tres décadas de pertenencia al Club Europeo no han limitado sus efectos a la transformación económica del país –quizás más vulnerable hoy a los efectos de la globalización y la reciente crisis económica internacional, cara y cruz de nuestra apertura al mundo-, sino que han provocado avances importantísimos en la modernización de la sociedad, la protección de sus ciudadanos y consumidores, la política exterior y los asuntos de justicia e interior – en los que la UE impacta sobre todos sus Estados Miembros y en donde, de manera indudable, España ha identificado sus prioridades y estrategia internacional.
Pese a la crisis financiera de estos últimos siete años, la actualidad nos dibuja hoy como un Estado Miembro moderno, profundamente europeísta (como confirman 30 años de encuestas y eurobarómetros), que ocupa el quinto puesto por peso y población en este Club de 28 y que destaca, entre otras cosas, por haber servido de catalizador en el impulso de políticas claves tan diversas como la lucha antiterrorista y la euroorden de detención, la ciudadanía europea o la política de cohesión, y haber liderado las relaciones exteriores de Europa hacia Latinoamérica y la ribera sur del Mediterráneo.
En el seno del Parlamento Europeo, el peso de España prevalece en una arquitectura parlamentaria que acoge a 54 eurodiputados y que ha visto ya pasar por su hemiciclo a tres presidentes de la Eurocámara: Enrique Barón (1989-92), José María Gil Robles (1997-99) y Josep Borrell (2004-07).
¿De qué nos ha servido estar en la UE? Los avances españoles en la investigación del cáncer de mama, el etiquetado de alimentos para mejorar nuestra seguridad alimentaria, la promoción de la agricultura biológica, la protección de los derechos de los pasajeros aéreos o de los consumidores que compran en Internet, la reducción de gastos de roaming cuando telefoneamos desde el extranjero, la defensa de tantos espacios naturales enmarcados en la Red Natura, los 14.000 kilómetros de autovías cofinanciadas con fondos europeos, las líneas ferroviarias de alta velocidad que hoy vertebran España, las becas erasmus de los que somos primeros receptores y otro sinfín de avances son ejemplos que nos equiparan a nuestros vecinos del norte y conforman lo que hoy asumimos con toda naturalidad como “marca Europa”.
Es obvio sin embargo que la UE sigue siendo hoy una historia de éxito incompleto, en eterna transformación, con tendencia a la digestión lenta de sus ampliaciones, ambiciosa siempre en su defensa de valores democráticos pero remolona en la comunitarización de algunas políticas clave (inmigración, política fiscal, unión bancaria, seguridad y defensa) y con grandes retos por delante para superar a sus competidores globales en sectores clave como la educación o la inversión en I+D.
Agrupando todos estos elementos ofrecemos a continuación una lista –que no pretende ser exhaustiva- de 30 claves que ayudan a entender la evolución de nuestro país en estos 30 años de pertenencia al Club comunitario, así como los retos a los que nos deberemos enfrentar desde el Parlamento Europeo en los próximos años para continuar modelando, con esfuerzo común, la arquitectura de este ambicioso edificio en obras que compone la Unión Europea.
1. ¿Cuánto aporta y recibe España?
Las contribuciones financieras de los Estados miembros al presupuesto de la UE se reparten de forma equitativa conforme a los recursos. Cuanto mayor sea la economía de un país, más paga, y viceversa. El presupuesto de la UE no pretende redistribuir la riqueza, sino más bien centrarse en las necesidades de todos los europeos en su conjunto. En la práctica, el 80 % del presupuesto de la UE es gestionado por los gobiernos nacionales o regionales. A través de subvenciones, préstamos y otras formas de financiación, el presupuesto de la UE ofrece apoyo financiero a cientos de miles de beneficiarios como estudiantes, investigadores, ONG, PYME, ciudades, regiones y muchos otros
Desglose de las relaciones financieras de España con la UE en 2013:
Gasto total de la UE en España: 13.752 millones de euros (1,36% de la Renta Nacional Bruta de España)
Gasto total de España en el presupuesto de la UE: 10.376 millones de euros (1,02% de su Renta Nacional Bruta)
2. Fondos comunitarios: en busca de la convergencia
España es un país de contrastes, desde su rico patrimonio cultural a su diverso y hermoso paisaje, pero también de persistentes diferencias económicas entre sus regiones. Los Fondos Regionales (Gasto del Fondo Europeo desarrollo Regional – FEDER, del Fondo Social Europeo – FSE- y del Fondo de Cohesión) – no incluye desarrollo rural ni pesca , desde 1986, han invertido 150.000 millones de euros en España.
1986 y 2006: 118.000 millones de euros
2007-2013: 35.000 millones de euros
Asignación 2014-2020: 28.000 millones de euros
3. Economía
Desde su entrada en la Unión Europea, España ha doblado su Producto Interior Bruto (PIB), pasando de 476.400 millones en 1986 a 921.700 millones en 2013. Asimismo, ha acortado la distancia con respecto al resto de integrantes de la UE en lo que se refiere al PIB. Entró en la UE con un PIB equivalente al 72% de la media de la UE de entonces y en el 2014 se situaba en el 94%.
Con estos datos, el principal desafío al que se enfrenta el país es potenciar el crecimiento económico y el empleo, corregir los desequilibrios económicos y fortalecer las instituciones en este ámbito. Esto será fundamental para garantizar unas finanzas públicas sostenibles, de acuerdo a las recomendaciones trasladadas a los países del sur de la Unión Europea, incluido España. En este contexto, España se ha beneficiado recientemente de los instrumentos de Asistencia Financiera europea al recibir más de 41.000 millones de euros para apoyar la reestructuración y reforma de su sector bancario. El 23 de enero de 2014 finalizó el programa de asistencia financiera a España.
La entrada de España en la UE es también la historia de la incorporación a un club con distintas normas de juego en materia de política recaudatoria. La soberanía fiscal es uno de los derechos soberanos fundamentales de los Estados miembros, que han cedido algunas competencias a la Unión en este ámbito. La armonización fiscal ha sido y seguirá siendo un asunto de interés en la UE como instrumento para alcanzar el objetivo de un mercado único, la unión política europea y para poner coto a la evasión fiscal, el dumping (deslocalización fiscal) y los paraísos fiscales, que tanto daño hacen a las arcas públicas. El reciente caso conocido como #Luxleaks, por el que Luxemburgo permitió que casi 350 multinacionales firmaran acuerdos secretos para rebajar sus impuestos, ha contribuido a una mayor implicación de los Estados miembros sobre estas prácticas desleales.
En esta misma línea, el Parlamento ha endurecido las normas contra el blanqueo de capitales y ha formulado hasta cuatro directivas contra este tipo de prácticas. Según la directiva antiblanqueo aprobada este año, los países de la UE tendrán que tener registros centralizados con los nombres de los propietarios efectivos de las empresas, accesibles tanto a las autoridades como a las personas con un interés legítimo, por ejemplo, periodistas. Uno de los retos pendientes para esta legislatura será la creación de una nueva fiscalía europea para investigar delitos financieros contra la UE.
Según las estimaciones de la ONU, el blanqueo de capitales representa cada año entre el 2% y el 5% del PIB mundial. En concreto, se estima que cada año la UE pierde al menos de 1 billón de euros como consecuencia de operaciones fraudulentas. La propuesta legislativa enmendada por el Parlamento Europeo obligaría a los Estados miembros a crear registros públicos centrales con información de los titulares reales de cualquier tipo de entidad jurídica, ya sean empresas, fideicomisos, mutuas, fundaciones o holdings.
5. Pymes
Las pequeñas y medianas empresas, pymes, constituyen la espina dorsal de la economía española: son creadoras de empleo, depositarias de saber-hacer empresarial y fuente de innovación, contribuyendo muy directamente a la cohesión económica y social.
El objetivo de la UE es ayudar a los empresarios mejorando el contexto en que se mueven, permitiéndoles hacer frente a los retos que conlleva una economía globalizada basada en el conocimiento y desarrollar más fácilmente su potencial.
Una de las instituciones que más vela por las pymes es el Banco Europeo de Inversiones (BEI). El BEI establece líneas de crédito en colaboración con entidades financieras nacionales y locales, que utilizan los fondos para financiar proyectos de inversión en pymes.
En el periodo 1986-2008, las líneas de crédito a entidades financieras españolas alcanzaron los 21.000 millones de euros, lo que supone el 22% de las inversiones totales del banco en España. El BEI ha firmado préstamos con este fin con 59 entidades intermediarias que incluyen la práctica totalidad de los grandes bancos y cajas, la mayoría de las cajas rurales, algunas cooperativas de crédito y finalmente institutos de finanzas de diversas Comunidades Autónomas.
Recientemente, en 2014, el BEI ha destinado el 66% (7.854 millones de euros) de sus inversiones totales en España a apoyar a las pymes españolas. Este montante, junto a los 7.700 millones del programa Horizonte 2020, aprobado en noviembre de 2013 por el Parlamento Europeo, convierten a España en uno de los Estados Miembros más beneficiados por los fondos europeos destinados a la PYME.
6. Exportaciones: internacinalización de la producción española
De la mano de nuestra entrada en la UE vino la apertura definitiva de la economía española y una mayor presencia en la escena internacional, especialmente fructífera desde el punto de vista de las exportaciones en las que nuestro país juega un papel muy importante en sectores clave como el hortofrutícola, los bienes de equipo, los productos químicos o el automóvil. La fotografía fija de entonces y que ahora da la medida de la importancia de esta actividad: en 1985 el peso de las exportaciones sobre el PIB representaba el 21,6% y 30 años después este mismo índice asciende al 34%. Así hoy casi dos tercios del comercio español se realizan con sus socios comunitarios, con Francia (16,59%), Alemania (10,97%), Portugal (7,78%), Italia (7,43%) y Reino Unido (7,27%) a la cabeza.
Según datos del Ministerio de Economía, de enero a diciembre de 2014, las ventas al exterior aumentaron un 2,5% y superaron por primera vez los 240.000 millones de euros. España cerró así el año con un comportamiento positivo de sus ventas al exterior, que superaron el ritmo de crecimiento de las exportaciones europeas (1,3%) y de países como Italia (2,0%), Francia (-0,2%) o Reino Unido (-11,1%).
Desde el punto de vista de los recursos humanos, en España una amplia mayoría de los puestos de trabajo están unidos a las exportaciones y son ocupados o bien por trabajadores escasamente cualificados o bien por trabajadores de alta cualificación. En total, 1,3 millones de puestos de trabajo dependen directamente de las exportaciones y de ellos, el 60% se concentran en el sector servicios. En el conjunto de la UE, las exportaciones al resto del mundo sustentan un total de 31,1 millones de empleos. Entre 1995 y 2011, los puestos de trabajo que dependen de las exportaciones aumentaron en 12,5 millones.
7. Estados Unidos y la oportunidad comercial. TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership)
La Unión Europea ha supuesto una oportunidad comercial en todos los sentidos. Desde su integración en la Unión Europea, España se ha externalizado no solo con sus vecinos comunitarios, sino que además con países terceros, al pertenecer al mercado único más grande del mundo.
A escala mundial, España tiene un peso específico mucho mayor al pertenecer al bloque de la UE. Esto se traduce en beneficios claros a la hora de actuar en el seno de la OMC (Organización del Mundial del Comercio), velar por nuestros intereses empresariales en el extranjero o negociar acuerdos de libre comercio (por ejemplo con Corea del Sur, Sudáfrica, México o Chile).
Estados Unidos es uno de los países terceros más importantes para la Unión Europea y España. Actualmente, el sexto destino al que más exporta nuestro país es Estados Unidos, pero las relaciones con el país norteamericano vienen de lejos. Desde los años 50, España, tras padecer las adversidades del aislamiento económico por parte de Occidente a la dictadura franquista, ha aspirado a conseguir formar parte del orden económico occidental, de la economía de mercado. Ello pasaba por integrarse verdaderamente en la Europa rica, moderna: en la Europa occidental, lo que a su vez serviría de pretexto para acercar posturas con Estados Unidos.
El reto europeo culminó con la firma del Tratado de Adhesión el 12 de junio de 1986 mientras que el estadounidense quedó plasmado con el apretón de manos entre Felipe González y Bill Clinton con motivo de la firma entre Bruselas y Washington de la Agenda Transatlántica, en 1995 en Madrid. Desde entonces, esta toma de contacto ha sido vital a la hora de moderar las tensiones transatlánticas, especialmente las de carácter económico y comercial.
Ahora, en plenas negociones entre Washington y Bruselas por el acuerdo de Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (más conocido como TTIP, por sus siglas en inglés), España, al igual que los otros 27 Estados Miembros, se beneficiaría de este acuerdo que sería el más importante de la historia por su volumen comercial. Según previsiones de la Comisión Europea, el acuerdo implicaría:
Un aumento del valor del comercio transatlántico de más del 50%, actualmente es de 960.000 millones de euros al año.
Un crecimiento del PIB de la UE de 120.000 millones de euros anuales.
Pese a los beneficios esperados, el acuerdo está despertando en la sociedad europea recelos que el Parlamento Europeo está teniendo cada vez más en cuenta. La Eurocámara, cuyo visto bueno es imprescindible para cualquier futuro acuerdo, ha avisado que este ha de garantizar los estándares europeos de protección laboral y del medioambiente, asegurar un elevado nivel de protección de los datos personales en defensa de los consumidores y ser objeto de información plena e inmediata al Parlamento Europeo y de divulgación continua y transparente.
8. Proyectos de I+D+i: el reto pendiente
El dato global de la inversión en I+D es el que mejor sintetiza el atraso tecnológico de España en el entorno europeo, un indicador clave además para medir el grado de desarrollo de un país y las perspectivas futuras de su economía. Si en 1985, España invertía el 0,57% del PIB en I+D, tres décadas después, según datos del INE, el gasto ascendió a 13.000 millones de euros en 2013 (un descenso del 2,8% respecto a 2012), es decir, el 1,24% del PIB.
En la última década, España ha pasado de ocupar la posición decimoquinta a quedar relegado al decimoséptimo lugar de entre los 28 Estados de la UE. Pese al fuerte crecimiento de la inversión en I+D observado entre 2004 y 2009 cuando pasó del 1,04% del PIB al 1,24%, la tendencia a la baja desde 2010 ha ahondado la brecha respecto a la media europea (2,02% en 2013) y ha disparado el diferencial respecto a los países más avanzados de la UE y del resto del planeta. La actual “fuga de cerebros” es, en opinión de algunos analistas, la cara más amarga del futuro de nuestras nuevas generaciones.
9. Transporte: acortando distancias
Carreteras, alta velocidad, aeropuertos y puertos marítimos han sido el destino de la mayor parte de los fondos europeos que España ha recibido desde su integración en 1986. En aquel año, España junto a Grecia y Portugal presentaba una de las redes de transportes más deficientes de toda Europa que no iba en relación con las previsiones de crecimiento económico y de expansión del tráfico. A la vuelta de la esquina se encontraban grandes acontecimientos que iban a multiplicar la demanda de redes de transporte. La entrada definitiva al mercado único, la Exposición Universal de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona contribuyeron a que Europa diese un empujón a la financiación de kilómetros de asfalto, miles de traviesas, decenas de torres de control y un buen número de dársenas portuarias.
En materia de infraestructuras, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha sido clave. Desde 1986, España ocupa el primer lugar como país receptor de los préstamos del banco, habiendo recibido 40.000 millones de euros para la mejora y modernización de la red de transportes.
Ferrocarriles: Europa ha contribuido en los 2.500 kilómetros de AVE. Dentro de los proyectos más significativos financiados por el BEI en el sector ferroviario, cabe destacar, además de los relativos a la red ferroviaria tradicional, las grandes líneas de alta velocidad como el AVE Madrid-Sevilla, Madrid-Barcelona, Madrid-Valladolid o Córdoba-Málaga. La línea de alta velocidad Madrid-Barcelona-Figueras ha marcado historia en el BEI al recibir el mayor préstamo otorgado por el Banco,al alcanzar un importe de 2.500 millones de euros. Gracias a todas estas contribuciones España se convierte en la primera red europea de alta velocidad ferroviaria.
Carreteras: El BEI ha contribuido a la financiación de una gran parte de las redes de autopistas y carreteras nacionales y regionales en el conjunto de las Comunidades Autónomas. Los préstamos del banco y la asignación de Fondos FEDER a tramos concretos han permitido que España haya pasado de tener tan solo 483 km de autovías en 1986 a cerca de 14.000 km en la actualidad. Actualmente España tiene la primera red europea de autopistas y autovías.
Aeropuertos: Los Fondos FEDER de Cohesión y el BEI han financiado la modernización de los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Alicante, Islas Canarias o Baleares y la construcción de otros tantos en varias ciudades menores. Destacan los 2.400 millones de euros a la construcción de la Terminal T4 del Aeropuerto de Barajas y los 1.100 millones de euros destinados a financiar la ampliación de El Prat de Barcelona.
Europa también aprende. Pese a que la construcción de aeropuertos ha sido hasta la fecha una de las prioridades en materia de infraestructuras, la escasa rentabilidad de algunos de ellos y la sobrestimación en el número de pasajeros, han llevado a Europa a replantearse sus políticas de inversión en la nueva fase de los fondos, dando más énfasis al crecimiento y a la competitividad, en vez de a la construcción de infraestructuras. Incluso, el Tribunal de Cuentas Europeo ha abierto en 2014 una investigación a nivel europeo para ver si sanciona la falta de planificación y, con ello, intentar impedir que futuros fondos europeos se destinen a obras sobredimensionadas.
Puertos: El BEI ha financiado también la modernización y ampliación de los principales puertos del país como los de A Coruña, Algeciras, Barcelona, Bilbao, Gijón, Sagunto, Sevilla o Valencia.
10.Agricultura, ganadería y desarrollo rural
Según datos de la Comisión Europea, entre 1986 y 2013, España recibió 151.400 millones de euros; entre 2014 y 2020 han sido asignados a España 45.000 millones. Durante esta legislatura, cada año se obtendrán cerca de 7.000 millones de euros procedentes de los fondos de la UE. Cifras que refrendan que España ha sido y es uno de los principales beneficiarios de la política agrícola de la UE después de Francia. En 2011, más de 90.000 agricultores españoles recibieron pagos de la UE por un valor total de 5,2 millones de euros. Y en 2010, el sector agrícola representaba el 9,8 % de la población económicamente activa del país.
Desde el punto de vista social, aunque la crisis ha empujado de nuevo a buscar trabajo en el campo, en estos 30 años España ha pasado de ser un país que exporta temporeros a un país que necesita mano de obra extranjera en su campo. Aunque no existen datos absolutos del número de temporeros en la UE, se estima que cada año unas 100.000 personas procedentes de terceros países trabajan en países de la Unión. Entre estos países destaca España, que sólo en 2008 admitió a casi 25.000 temporeros, seguido de Italia (11.000), Suecia (7.200), Alemania (4.200) y Francia (2.200).
Desde su creación en 1962, la Política Agraria Común (PAC) ha sido el marco de regulación de todo de este sector clave en la economía europea. Si nació con el objetivo de proporcionar alimentos asequibles a los ciudadanos de la UE y un nivel de vida equitativo a los agricultores, en su última reforma, que se realizó en marzo de 2013, diez años después de la última, el Parlamento subrayó que para evitar excedentes de producción y un intervencionismo excesivo por parte de la UE, la PAC pasa de poner el acento en la producción a fomentar la competitividad, el respeto al medio ambiente, la producción local y de valor añadido (productos bio, denominación de origen, etc.) y el desarrollo del turismo rural. Los fondos destinados a la PAC en España financian desde la construcción de un nuevo canal de riego en Castilla y León hasta una web de formación online para jóvenes agricultores.
11. Pesca: un sector tradicional en el entorno europeo
Las actividades pesqueras tienen una gran tradición histórica en España y el sector pesquero nacional es uno de los más importantes del entorno europeo. España, con una flota pesquera de más de 10.800 embarcaciones, está entre los países de la Unión Europea (UE) que mayor volumen de capturas realiza (el 15,2% del total de la UE) y es también el país que más toneladas de pescado importa. Además es el principal exportador comunitario y el que tiene mayor número de empleos en el sector.
Las capturas pesqueras y la producción de la acuicultura han seguido aumentando a escala mundial en los últimos años y, en 2010, se alcanzaron los 148,5 millones de toneladas. La producción de la Unión Europea se ha reducido gradualmente y hoy se cifra en 6,2 millones de toneladas, lo que representa un 4,2 % de la producción mundial en 2010, frente al 7 % a principios de la década de 1990. Pero España sigue siendo una potencia en este aspecto: los principales productores de la UE son España (16 % del volumen total de producción de la UE en 2010), Dinamarca (13,9 %), el Reino Unido (13,1 %) y Francia (10,6 %).
Cifras que se consiguen gracias a los acuerdos internacionales, que se traducen en alrededor de 30.000 puestos de trabajo directos, sólo España aglutina el 20% del total, y una actividad económica considerable en sectores y regiones muy dependientes de la pesca. En la actualidad, el acuerdo más importante en términos de compensación financiera y de derechos de acceso es el de Mauritania, que representa 70 millones de euros al año y brinda acceso a casi 175 embarcaciones europeas. Junto a él, los Acuerdos de Marruecos y el de Mar Báltico son de vital importancia para el mantenimiento de la flota española.
12. Seguridad alimentaria: respuesta ante las crisis
En España y en toda la Unión Europea hay cada vez controles más exhaustivos de todo lo que llega a la mesa. Aun así, hay ocasiones en las que un producto contaminado o en mal estado termina comprometiendo la salud de los europeos, como ocurrió con los casos de las llamadas “vacas locas”, el pollo con salmonella o la crisis del pepino.
En concreto, la crisis de las vacas locas llegó a España en el año 2000, cuando se detectó la primera vaca infectada y unos meses después se desató la alerta sanitaria. La crisis se estabilizó a partir de 2002 con la puesta en marcha del control europeo de la epidemia. En 2001 el Parlamento Europeoaprobó la creación de una Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, una iniciativa surgida a raíz de los escándalos vividos en los últimos años en la Unión Europea relacionados con la alimentación, entre ellos, la crisis de las "vacas locas".
Además, el sistema de alerta rápida de la UE (RAPEX), operativo desde 2004, informa a los inspectores de todos los Estados miembros sobre las medidas adoptadas por cualquier Estado miembro en relación con un producto peligroso. Esto provoca una reacción en cadena que hace que el producto notificado por un Estado miembro a través de RAPEX se retire también de los demás mercados nacionales de la UE. La cantidad de información compartida sobre productos peligrosos (no sólo en el ámbito de la alimentación) hallados en los mercados nacionales se ha incrementado exponencialmente, pasando de 400 alertas en 2004 a más de 2.000 en 2013, lógico por otro lado en el contexto de una Europa ampliada.
13. Salud pública
Si en 1986 la esperanza de vida de los españoles era de 76,4 años hoy ese mismo índice sube hasta los 83,2 años, revelando que son los españoles los más longevos de toda la Unión Europea. Múltiples factores influyen en este notable avance pero sin duda la calidad de la sanidad pública española, pese a las medidas de ajuste económico, ha sido y es un aspecto muy bien valorado por la comunidad internacional. Cabe destacar en este sentido que estos 30 años en la UE han servido para internacionalizar la cobertura sanitaria gracias a la Tarjeta Sanitaria Europea, una tarjeta gratuita que te permite acceder a la atención sanitaria pública durante una estancia temporal en uno de los 28 Estados miembros de la UE, además de Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, en las mismas condiciones y al mismo coste que las personas en ese país.
Las ventajas del buen funcionamiento de este sistema tienen sin embargo su cara y su cruz: uno de los problemas que debe resolver España en el marco europeo es, según las autoridades, la necesidad creciente de limitar el turismo sanitario y el de trasplantes.
Cada día mueren en Europa entre 25 y 30 personas que se encontraban en las listas de espera de un trasplante de órgano. Para cubrir las necesidades de esta población, cada día sería necesario realizar de media 170 trasplantes, una cifra muy por encima de los 80 que se efectúan. Frente a esos datos, doce personas al día, de media, fueron sometidas a un trasplante en 2014 en España, que revalida
así un año más el liderazgo mundial en donación y en trasplantes y que vuelve a batir su propio récord, tras alcanzar los 4.360 trasplantados gracias a 1.682 donantes.
En 2010, el Parlamento Europeo aprobó la Directiva Europea sobre calidad y seguridad de los trasplantes de órganos y el consecuente Plan de Acción, basado en el modelo español de trasplantes liderado por la Organización Nacional de Transplantes, con la que se pretendía salvar la vida a cerca de 20.000 pacientes europeos cada año. La norma, aceptada por más del 96% de los diputados, estipula que las donaciones deben ser siempre altruistas (no remuneradas) para acabar con el turismo de trasplantes y el tráfico de órganos. A instancias de la Comisión Europea, la ONT lidera el programa europeo ACCORD, en el que desde 2012 han participado 23 países de la UE.
El 74% de los europeos consideran que revelar información personal forma parte de la vida moderna (eurobarómetro 2012). Una vida para la que no están adaptadas, sin embargo, las actuales normas europeas de protección de datos que hay en la UE datan de 1995 y que por tanto no responden a los desafíos de internet, las transferencias bancarias online, la compra de billetes de avión en la red, las cuentas de twitter o facebook, etc.
La Eurocámara lucha desde hace años por encontrar un consenso entre Estados para modernizar y adaptar la ley de protección de datos europea de 2005 y mejorar así la privacidad, reforzar el control de las personas sobre sus datos, facilitar a las empresas el salto a la economía digital, armonizando el nivel de protección en toda la UE y aumentar las multas contra las empresas que incumplan la ley. Un reto aún pendiente en la actual legislatura, embarrancado en el eterno dilema de hasta qué punto priorizar la seguridad de los europeos (contra el crimen, actividades ilegales y posibles ataques terroristas) por encima de la necesidad de proteger su información de carácter personal (nombre, cuenta bancaria, datos de contacto, gustos o tendencia religiosa, por ejemplo).
Durante la última legislatura (2009-14), el Parlamento Europeo asumió como prioridad la defensa de la protección de datos personales como un derecho europeo que debe respetarse en los acuerdos internacionales con cualquier país, lo que provocaría no pocas polémicas con EEUU. En 2010, la Eurocámara sacó músculo y tumbó con su voto en contra un acuerdo sobre el intercambio de datos
bancarios con Estados Unidos (conocido como Acuerdo SWIFT), debido a la preocupación de los eurodiputados por cuestiones de privacidad. El texto tuvo que ser renegociado con EEUU y modificado. En 2012 llegó el NO a ACTA, cuando los eurodiputados rechazaron el Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación (ACTA), dejándolo sin validez en ningún país de la UE, situación que continúa hoy así. Se trataba de un acuerdo contra la piratería acordado por el Consejo con Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón, México, Marruecos, Nueva Zelanda, Singapur, Corea del Sur y Suiza. Varias ONGs lideraron la recogida de firmas y protestas en toda Europa que acabarían en forma de millones de firmas y correos electrónicos reclamando al PE que anulara el acuerdo.
Igual de polémicas fueron las negociaciones con EEUU sobre la necesidad de compartir con las autoridades los datos los pasajeros que volaban al país norteamericano (conocido como Registro de Pasajeros Aéreos o PNR). El acuerdo logró aprobarse en abril de 2012 con numerosas modificaciones del PE para asegurar la privacidad de los pasajeros europeos y que los datos sólo se usarían en casos debidamente justificados de lucha contra el terrorismo. Los ataques a la revista parisina Charlie Hebdo en enero de este año, sin embargo, han reavivado la polémica y convencido a un número importante de eurodiputados de la necesidad de acordar en Europa un registro similar para compartir la información de todos los pasajeros de vuelos que entran y salen de la UE, datos que se conservarían durante cinco años (PNR europeo). El proyecto podría aprobarse durante esta legislatura.
En España la lacra del terrorismo (nacionalista de ETA o el yihadista con ataques como el de los trenes de Madrid) ha movido a los dos grandes grupos políticos a justificar las iniciativas europeas a favor de acuerdos de intercambio de datos. Pero también ha crecido de manera exponencial el concepto del derecho a la protección de información personal: existe una Agencia Española de Protección de Datos y la Directiva de 1995 se traspuso en nuestro país con una completa Ley de derecho a la intimidad.
Desde que se adoptaron las primeras medidas destinadas a los consumidores en 1975, la Unión Europea no ha cejado en su empeño de asegurar un elevado nivel de protección para la salud y la seguridad de todos los consumidores de la UE, desde la fabricación del producto hasta su uso final en el hogar. Con su incorporación a la UE, España se ha beneficiado de los estándares de la UE en materia de consumo a través de distintas directivas y reglamentos aprobados por el Parlamento Europeo como la visibilización de precios de venta o la información precisa sobre los alimentos yproductos; por ejemplo, una norma europea regula la clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias peligrosas y desde 1988, existe una normativa europea que obliga a indicar en el envase el tipo de aditivos que contienen los alimentos.
En materias tan cotidianas como el uso del móvil, el Parlamento Europeo lleva años trabajando en favor del consumidor. Una de las batallas más complicadas actualmente es la regulación del roaming (el cargo que se hace por utilizar un teléfono durante una estancia en el extranjero): en el año 2013, la Comisión Europea propuso un mercado único para las comunicaciones electrónicas que supondría la abolición de las tarifas roaming para los móviles. El Parlamento Europeo aprobó la propuesta en abril de 2014 y se acordó una fecha provisional para la abolición del roaming para diciembre del 2015, pendiente de aprobación por el Consejo de la UE. La presión de las compañías telefónicas ha retrasado, al menos hasta el 2018, la desaparición definitiva del roaming. Pese a este revés, cabe señalar que las normas de la UE han logrado que el coste de usar el teléfono móvil en el extranjero se haya reducido significativamente desde 2007 (un ahorro del 80 % con respecto a los precios de ese año en servicios de itinerancia móvil como llamadas, mensajes de texto e internet móvil).
La normalización del uso del móvil ha venido pareja, en las últimas décadas, a la popularización de las compras por internet, hace 30 años era una entelequia y hoy representa el 47% de todas las transacciones de la UE. Según datos del INE, en 2013 el comercio por Internet en España ha aumentado, siendo ya cerca de 11 millones de personas las que han realizado algún tipo de compra, lo que supone el 31,5% de la población total. En 2011 se aprobó la normativa que consolida los derechos de los consumidores europeos, especialmente en el ámbito del comercio electrónico. La directiva, acordada por la Eurocámara y el Consejo después de dos años y medio de negociaciones, prevé un plazo de 14 días para devolver un producto comprado a través de Internet y obliga a indicar claramente el precio final; además, la norma facilitará a las empresas la venta de sus productos en otros Estados miembros.
Por otro lado, en un país que depende tanto del turismo como España, la seguridad y la protección de los viajeros debe ser una prioridad. La UE es la única zona del mundo donde se han establecido normas mínimas para los derechos de los pasajeros en todos los medios de transporte: transporte aéreo, por ferrocarril, por mar o vías navegables y en autocar. Los pasajeros gozan de un conjunto mínimo de derechos que incluyen información, asistencia y medidas compensatorias en caso de cancelación o grandes retrasos.
16. Europa verde
España es uno de los pulmones europeos. La rica biodiversidad marítima y terrestre de nuestro país se beneficia de la amplia protección que la Unión Europea le concede al medio ambiente. El programa de ayuda LIFE+ y la Red Natura 2000 son ejemplos en los que España es líder.
Desde su creación en 1992, el programa LIFE ha financiado más de 600 proyectos en España, uno de los países miembros de la Unión Europea que más proyectos ha desarrollado. En el área de protección de la naturaleza, el programa siempre ha apostado por salvaguardar los hábitats y especies presentes en la península ibérica y, entre otras, las especies más emblemáticas o en peligro de extinción. Es así importante reconocer la importancia que el programa LIFE ha tenido en la recuperación del águila imperial ibérica, el buitre leonado, la gaviota de adouin, el oso pardo o el lince ibérico, y en el establecimiento y consolidación de la red Natura2000.
La Red europea Natura 2000 es el mayor conjunto de espacios protegidos del mundo destinado a garantizar, mediante fondos comunitarios, la supervivencia de las especies y hábitats autóctonos de cada Estado Miembro. España cuenta con la mayor superficie protegida de Europa, con más 210.000 km2. De esa extensión total, más de 137.000 km2 corresponden a superficie terrestre, lo que representa aproximadamente un 27 % del territorio español, y unos 72.500 km2, a superficie marina.
España comparte con la Unión Europea la preocupación por la contaminación y el cambio climático. En este contexto se incluyen las recientes directivas aprobadas por la Eurocámara relativas a la reducción de emisiones de CO2 en los buques -España es el cuarto país europeo en tráfico marítimo- y a la reducción en el consumo de bolsas de plástico -España ocupa el 16° lugar de los 28 Estados Miembros en el consumo de estas bolsas-.
Otro ejemplo del impacto de la normativa europea en España es como las Instituciones Comunitarias garantizan el cumplimiento de una serie de estándares medioambientales comunes que explican, por ejemplo, los toques de atención de la Comisión Europea a España y la Comisión parlamentaria de Peticiones a algunas grandes capitales, como Madrid, por vulnerar la directiva europea sobre calidad del aire (2208/50/CE).
17.Turismo
Europa es el primer macro-destino turístico del mundo, con la mayor densidad y diversidad de atractivos para el visitante. Por ello, la industria del turismo se ha convertido en un sector clave de la economía europea al generar, directa o indirectamente, más del 10% del PIB de la UE y al dar empleo a 9,7 millones de trabajadores en 1,8 millones de empresas.
Además, constituye un instrumento de primer orden para promocionar la imagen de Europa en el mundo, difundir nuestros valores democráticos y promover el modelo europeo, que es el resultado de siglos de intercambios culturales, diversidad lingüística y creatividad.
Con sus políticas, la UE tiene como meta promover el turismo, a fin de mantener el puesto de Europa como principal destino y desarrollar al máximo la aportación del sector al crecimiento y el empleo.
España ha contribuido a que Europa sea el mayor macro-destino receptor de turistas y nuestra integración en Europa ha hecho lo propio con las buenas cifras españolas. Desde su integración y gracias en buena medida al espacio Schengen, España ha duplicado el número de turistas extranjeros que recibe, pasando de los 33,2 millones que registró en 1990 a los casi 65 millones en 2014. Esta cifra coloca a España como tercera potencia turística mundial, por detrás de Francia y EE.UU., pero por delante de China. El peso que tiene el turismo en la economía española es del 10% del PIB y emplea a cerca de 1,9 millones de personas.
Los principales lugares de origen son precisamente europeos. En 2014, 15 millones de turistas procedieron del Reino Unido, 10,7 millones de Alemania y 10,4 de Francia.
Consciente de la importancia de este sector, el Parlamento Europeo está promoviendo recientemente la directiva sobre paquetes turísticos que ofrecerá mayor protección y seguridad jurídica a turistas y empresas del sector. La directiva pretende adaptar las normas comunitarias a los cambios que ha experimentado la industria turística en la era digital. Europa busca adaptarse al 23% de europeos que contratan sus paquetes turísticos autónomamente con distintas empresas pero a través de un mismo portal web y por un único precio.
La directiva hasta ahora vigente, de 1990, no cubre este tipo de paquetes por lo que la nueva supone una reforma fundamental que dará cobertura a 120 millones de turistas más.
España será uno de los grandes beneficiados de la medida, ya que se estima que cerca del 60% de los españoles reserva sus viajes por Internet.
Entre 1996 y 2009 se adoptaron tres paquetes consecutivos de medidas legislativas aprobadas por el Parlamento Europeo con el fin de armonizar y liberalizar el mercado interior de la energía de la UE. Dichos paquetes abordaban el acceso al mercado, la transparencia, la regulación, la protección de los consumidores y el apoyo a la interconexión para acotar al máximo la dependencia energética de países terceros, como se ha visto recientemente en la crisis energética con Rusia. Gracias a dichas medidas, los nuevos proveedores de gas y electricidad pueden acceder a los mercados de los Estados miembros, mientras que los consumidores industriales y domésticos pueden ya elegir proveedor libremente. Otras políticas comunitarias relacionadas con el mercado interior de la energía abordan la seguridad del suministro de electricidad, gas y petróleo, así como el desarrollo de redes transeuropeas de transporte de electricidad y gas que sienten las bases, de manera paulatina, del futuro Mercado Común de la Energía.
La responsabilidad de impulsar este mercado -un proyecto sin consolidarse todavía entre los Estados miembros- recae hoy en manos de Miguel Arias Cañete, comisario de Energía y Cambio Climático, aunque la tarea viene de lejos. Fue a partir de los años 50 cuando en Europa se comenzó a interconectar las redes eléctricas de los diferentes países con el objetivo inicial de aumentar los márgenes de seguridad ya que las interconexiones internacionales traen consigo una serie de ventajas en los países conectados. En la actualidad el sistema eléctrico español no alcanza este nivel mínimo recomendado en Europa, ya que su capacidad comercial de intercambio con el sistema europeo representa solo un 3 % de la capacidad de producción instalada en España.
El fortalecimiento de las interconexiones con el resto de sistemas vecinos es el gran reto hoy ya que únicamente la interconexión con Francia permita intercambiar energía con el resto de países de la Unión Europea junto con la escasa capacidad de intercambio, hace de la península Ibérica una "isla eléctrica". De ahí se explica el reciente acuerdo entre Francia, España y Portugal que cuenta con el respaldo de la UE y del BEI para lograr, a no más tardar en 2020, un nivel de interconexión energética de al menos el 10%.
Por contra, la interconexión España-Marruecos es hoy el principal nexo de unión eléctrica entre Europa y los países de la orilla sur del Mediterráneo pudiendo convertirse en un futuro, cuando se culminen proyectos como Desertec y Medgrid, en la puerta de entrada a Europa de la energía generada por fuentes renovables del norte de África.
Por otro lado, Europa está apostando en los últimos años por el desarrollo de las energías renovables para que sean una parte importante del suministro energético de cada país. Como muestra de esta apuesta la Unión Europea se ha marcado un objetivo para el año 2020 que consiste en reducir un 20 % las emisiones de CO2; mejorar un 20 % la eficiencia energética, y aumentar la generación de origen renovable en un 20 %. En España hasta 2011 unos 100.000 puestos de trabajo dependían de este sector, cifra que disminuyó como consecuencia de las últimas reformas legislativas.
19. Mujer e igualdad: el gran paso
La participación y acceso de la mujer a la política, a las instituciones y a los espacios de decisión constituyen el claro indicador de los progresos que han llegado de la mano de la entrada de España en la UE. Pero también la protección de la mujer frente a las conductas machistas representa los esfuerzos de España por situarse a la vanguardia de las políticas de igualdad. La Presidencia española de la Unión Europea del primer semestre de 2010 se centró, entre otros aspectos, en el fomento de las políticas de igualdad y contra la violencia de género.
Según un estudio de la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE (FRA) de 2014, más de nueve millones de mujeres europeas han sido víctimas de una violación, un 33% han sufrido violencia física o sexual y sólo una de cada tres denuncia las agresiones. Según este documento, una de cada cinco españolas de más de 15 años (22%) ha sufrido violencia física o sexual, y de las víctimas, menos de una quinta parte ha denunciado a la policía la agresión más grave. España (22%) se sitúa junto a Polonia (19%), Austria (20%), Croacia (21%) y Chipre (22%) en el grupo de los socios UE con menor incidencia. Aunque la FRA recuerda que esas diferencias puede deberse a factores como el tabú que para muchas mujeres supone admitir que han sido agredidas o la consideración de que la violencia de género es un asunto familiar que no debe airearse.
El Parlamento Europeo desempeña un papel especialmente importante en este ámbito, en particular a través de su Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género. Los eurodiputados han adoptado multitud de textos para abordar los temas de la trata y la prostitución forzada de las mujeres, la mutilación genital, la lucha contra la violencia de género, la necesidad de alejar a las mujeres de la pobreza y otras cuestiones de igualdad entre mujeres y hombres.
En el informe sobre los progresos en la Igualdad de las mujeres y hombres en la Unión Europea en 2013 del eurodiputado Marc Tarabella (S&D), se alerta de que si la tendencia actual se mantiene, habrá que esperar hasta 2084 para que las mujeres y los hombres tengan salarios equivalentes.
Por otro lado, el PE votó a favor de ampliar la baja mínima por maternidad con sueldo completo de 14 a 20 semanas, con cierto margen de flexibilidad para los países que ya disponen de un régimen de permiso familiar. A la espera de acuerdo, también propusieron introducir una baja por paternidad de dos semanas, aunque sobre esta iniciativa todavía no hay legislación aprobada.
EIGE, Instituto Europeo para la Igualdad de Género20. Empleo y jóvenes
A finales de 1985, la tasa de paro en España era de 20,58% y la cifra de personas ocupadas era de 11 millones. La fotografía que se hace hoy de este mismo indicador es de 23,78% de paro y 17,4 millones de personas empleadas, según fuentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Crear empleo, sobre todo entre los jóvenes, es una de las prioridades de la Unión Europea y a su promoción han ido encaminadas distintas iniciativas promovidas desde el Parlamento Europeo. Uno de los programas más específicos impulsados por la Eurocámara recientemente ha sido el Plan deGarantía Juvenil, que prevé destinar 6.000 millones de euros desde 2014 hasta 2020, para que todos los jóvenes menores de 25 años tengan acceso a un trabajo, formación o prácticas de trabajo en un plazo máximo de cuatro meses tras quedar desempleados o finalizar sus estudios.
La tasa de desempleo juvenil en España es ahora una de las más altas de toda Europa, por encima del 50%, un mal común a toda la región mediterránea, que afecta especialmente a países como Grecia, Italia y Portugal.
21. Intercambio universitario: Erasmus y Erasmus+
Desde 1987, año de su creación, hasta el curso 2010/11 más de 356.000 estudiantes han participado en el Programa Erasmus, cifras que dan la medida del éxito de este programa nacido al poco de la incorporación de España en la UE.
Las últimas estadísticas de Erasmus publicadas en 2014 por la Comisión Europea revelan que cerca de 270.000 estudiantes (un nuevo récord) se beneficiaron de las becas de la UE para estudiar o formarse en el extranjero en el año académico 2012/13. Si bien estudiar en otra universidad sigue siendo la elección más popular, 55.000 estudiantes Erasmus (uno de cada cinco) optaron por las prácticas en empresas. En 2012/13, los tres destinos más populares entre los estudiantes Erasmus fueron España, Alemania y Francia, países receptores de 40.202, 30.368 y 29.293, respectivamente. Los países que enviaron el mayor número de estudiantes en proporción a su población con titulación universitaria fueron Luxemburgo, Liechtenstein, Finlandia, Letonia y España.
Una cifra muy curiosa, es la que estima la Comisión Europea respecto a las relaciones que surgen entre estudiantes que han disfrutado del programa Erasmus. Según un estudio: el 33 % de los antiguos estudiantes de Erasmus tienen una pareja de nacionalidad diferente a la suya, frente al 13 % de quienes permanecen en su país durante sus estudios; el 27 % de los estudiantes Erasmus conoce a su pareja estable mientras cursa un programa Erasmus. Sobre esta base, la Comisión estima que es probable que, desde 1987, hayan nacido aproximadamente un millón de niños engendrados por parejas Erasmus.
El Parlamento Europeo ha aprobado el Programa Erasmus + para el período 2014-2020, que entró en vigor el 1 de enero de 2014. El nuevo programa Erasmus + se enmarca en la estrategia Europa 2020, en la estrategia Educación y Formación 2020 e integrará los programas existentes en el Programa de Aprendizaje Permanente y también los programas de educación superior internacional: Mundus, Tempus, ALFA, Edulink y programas bilaterales, además del Programa Juventud en Acción. Este nuevo programa se centra en el aprendizaje formal e informal más allá de las fronteras de la UE, con una clara vocación de internacionalización abriéndose a terceros países con el objetivo de mejorar las capacidades educativas y formativas de las personas para la empleabilidad de estudiantes, profesorado y trabajadores.
El Programa Erasmus se ve apoyado por el Plan Bolonia, de especial relevancia a nivel educativo, puesto que ha permitido crear un sistema de grados académicos fácilmente reconocibles y comparables en el seno de la Unión Europea. El mismo sirve de base para el fomento de la movilidad de estudiantes, docentes e investigadores.
22. Europa Creativa y los Premios Lux
La cultura es un protagonista activo de la construcción de la Unión Europea, el nexo necesario para establecer una verdadera ciudadanía europea. Así, las manifestaciones culturales, la diversidad lingüística y el patrimonio cultural común son aspectos que han ido ganando peso a lo largo de los años.
Hasta la fecha, la Unión Europea ha potenciado la difusión de la actividad cultural a través de los programas Cultura y MEDIA, que serán sustituidos a partir de 2014 por el Programa Europa Creativa, y de otros programas y acciones más específicos destinados a aspectos concretos (como el Sello de Patrimonio Europeo, la Capital Europea de la Cultura, etc.), completando las acciones de los Estados miembros en materia cultural.
El programa MEDIA y Eurimages del Consejo de Europa han ayudado a la industria cinematográfica y audiovisual española a desarrollar, difundir y promover su trabajo. Éxitos internacionales como Mar adentro (2004) de Alejandro Amenábar, y Hable con ella (2002) de Pedro Almodóvar, recibieron financiación del programa.
El nuevo programa, del que España podrá beneficiarse, destinará 1.460 millones de euros a fortalecer los sectores cultural y creativo de Europa durante un periodo de siete años (2014-2020). Según las estimaciones que recoge el proyecto del programa: hasta 250.000 artistas y profesionalesde la cultura recibirán apoyo para compartir sus obras fuera de sus fronteras o los editores se beneficiarán de financiación para traducir más de 4.500 obras literarias.
Mención especial merece la atención a la comunidad multilingüe que concede el Parlamento Europeo a la producción cinematográfica desde el año 2007. Desde ese año, la Eurocámara premia a las tres mejores películas europeas que traten alguno de los temas sobre los que la Institución legisla: inmigración, mujer, desarrollo, etc.
Las películas galardonadas se exhiben en todos los Estados Miembros en su lengua original, hay 24 lenguas oficiales en la UE, solo con subtítulos, porque la esencia del premio es reconocer la riqueza de la diversidad lingüística.
Desde la creación del certamen, solo dos películas españolas han logrado entrar en la selección oficial, fase previa a la concesión del galardón. Las cintas son: La Plaga, de Neus Ballús en 2013 y Ander, de Roberto Castón en 2009.
23.Defensa y el papel de España en el escenario internacional: puente con Iberoamérica y el Mediterráneo
España siempre ha sido un firme partidario de la Política Europea Común de Seguridad y Defensa. Para el país, que durante todo el siglo XX había sufrido un relativo aislamiento internacional, la creación de una política exterior de seguridad y defensa (PESC) ha sido la oportunidad para afirmar su posición en el mundo. Como la mayoría de los Estados de la UE, España forma parte de la principal alianza militar del mundo, la OTAN. Desde el 1 de enero de 2015 España ejerce como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el bienio 2015-2016.
La política exterior de la Unión Europea ha estado presidida por Javier Solana, como Alto Representante del Consejo para la Política Exterior y de Seguridad Común, entre 1999 y 2009. España ha aprovechado su liderazgo para impulsar los lazos entre la Unión Europea y América Latina y con los países del sur del Mediterráneo, a través de proyectos como el Proceso de Barcelona, la Cumbre UE-América Latina y Caribe o la creación de la Unión por el Mediterráneo.
La participación en las Misiones Petesberg, la Operación Atalanta o el alineamiento con otros socios europeos en operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas han contribuido a garantizar la estabilidad y seguridad de la UE y a la armonización de las políticas de seguridad de los Estados Miembros, como germen de una futura Política Europea de Seguridad y Defensa autónoma.
El Tratado de Lisboa supone un importante avance para las relaciones exteriores de la UE, y en este escenario de fortalecimiento exterior de la UE, la pujanza internacional de la cultura y lengua española o el fuerte compromiso de sus ciudadanos con la paz puede ayudar a que el protagonismo mundial de España crezca dentro de esa Europa globalizada. Sin embargo, los tímidos avances y falta de coordinación que Europa está teniendo para abordar su papel en las relaciones exteriores pueden tentar a los Estados Miembros a buscar su propia estrategia exterior y no dotar al reciente Servicio de Acción Exterior, liderado desde Noviembre de 2014 por la italiana Federica Mogherini, de la fuerza y fortaleza necesaria.
24. Seguridad y defensa
Uno de los objetivos fundamentales de la Unión Europea es crear un espacio sin fronteras interiores en el que las personas puedan circular, vivir y trabajar libremente, sabiendo que sus derechos se respetarán plenamente y su seguridad estará garantizada. Por ello, el objetivo de la UE está puesto en el exterior. Una de las funciones del Parlamento Europeo es examinar la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) y vela por que los asuntos de seguridad y defensa respondan a las preocupaciones expresadas por los ciudadanos de la UE.
Teniendo en cuenta el papel determinante de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) para garantizar la seguridad europea, el Parlamento participa en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN con vistas a desarrollar la relación UE-OTAN respetando al mismo tiempo el carácter independiente de ambas organizaciones. Esto resulta especialmente importante en operaciones en las que se hallan presentes ambas organizaciones, tales como Afganistán, Kosovo y la lucha contra la piratería en el Cuerno de África, misiones en las que han participado militares españoles.
25. Inmigración
De los 507 millones de personas que viven hoy en la UE, en torno a 20 millones son ciudadanos de países no miembros de la UE (4%). Durante estas tres décadas, la inmigración ha pasado de ser un asunto de responsabilidad absoluta de los países miembros a la adopción de una política común de inmigración asilo. Hoy siguen siendo los Estados los que deciden cuántos inmigrantes legales aceptar y dónde alojarlos, aunque la UE tiene poder legislativo para armonizar ciertos aspectos de la inmigración legal: Por ejemplo, las condiciones de entrada y residencia para categorías de inmigrantes como estudiantes o investigadores y trabajadores, para simplificar sus procedimientos de admisión y darles derechos comunes en toda la UE. La lucha contra la inmigración ilegal, la gestión de fronteras y la gestión de las condiciones que deben cumplirse para solicitar asilo son también competencia de la UE.
Si España comenzó su andadura el pasado siglo como un país de emigrantes, la desaparición de fronteras interiores en Europa y la elevada tasa de inmigración producida en las últimas décadas – hay unos 4 millones de extranjeros empadronados hoy en nuestro país- ha hecho que para los diferentes gobiernos españoles fuera un objetivo prioritario la europeización de las políticas de justicia e interior. La pretensión española –en gran parte conseguida en el Tratado de Lisboa (2009)- ha sido crear en estos años un auténtico espacio europeo de libertad, seguridad y justicia donde crear una política europea de inmigración y regular coordinadamente la gestión de flujos migratorios, impidiendo las mafias y entradas irregulares de inmigrantes.
La UE ha desarrollado estas competencias legislativas en las siguientes áreas:
Política de asilo: El paquete de normas relativas a los derechos de solicitantes de asilo fija procedimientos y plazos comunes para el tratamiento de las solicitudes de asilo, introduce requisitos mínimos de acogida y pone fin a las transferencias de solicitantes de asilo a Estados miembros que no puedan garantizarles unas condiciones de vida dignas. Más de 330.000 personas solicitaron asilo en los países de la UE a lo largo de 2012. De ellas, 2.565 lo hicieron en España.
En 2013 la UE recibió un 43% del total de solicitudes de asilo tramitadas en todo el mundo (cerca de 890.000 personas según ACNUR). Sin embargo más del 90% de estas solicitudes se realizaron en solo 10 Estados Miembros de la UE –encabezados por Alemania y Francia- entre los que no está España. La tendencia al alza en la solicitud de asilo en Europa comenzó ya en 2011: también se ha producido un aumento en las concesiones de éste, aunque no en igual medida. La guerra en Siria, y la situación en países como Afganistán y en zonas como el cuerno de África, condiciona en buena medida este fenómeno para el que la UE no parece haber encontrado respuesta.
Vigilancia de fronteras: Cada Estado Miembro destina recursos nacionales para vigilar sus fronteras. En 2004 se crea Frontex, la Agencia Europea para la Gestión de Fronteras Exteriores que facilita la cooperación entre países miembros y despliega equipos de intervención rápida de guardias nacionales cuando los Estados lo solicitan para hacer frente a situaciones excepcionales de presión en las fronteras. Tras la dramática muerte en el mar de más 500 inmigrantes frente a las costas italianas esta primavera la UE reunió a sus jefes de Estado para diseñar nuevas medidas que logren paliar esta situación y entre otras cosas triplicó el presupuesto de Frontex para los próximos años. Sin embargo, la vigilancia de las fronteras exteriores del Sur de Europa sigue lejos de estar resuelta y la gestión del drama humanitario de los inmigrantes que se lanzan masivamente en patera a las aguas del Mediterráneo constituye uno de los retos más acuciantes para la UE. En este sentido, el Parlamento Europeo ha pasado numerosas resoluciones exigiendo a los Estados más decisión y fondos para ayudar al desarrollo de los países de origen, combatir las mafias ilegales, un reparto de la responsabilidad y acogida de refugiados más equitativo entre todos los países de la UE y un rechazo frontal a las devoluciones masivas de inmigrantes a su lugar de origen sin permitirles ejecutar su derecho a la petición de asilo, lo que se conoce como ‘devoluciones en caliente’ y objeto de polémica en países como España.
Fondos para la gestión de fronteras e inmigración: Durante el periodo 2007-13, la UE dedicó cerca de 4000 millones de euros a la gestión de las fronteras exteriores. En el periodo actual (2014-20), España recibirá 195 millones para la vigilancia de fronteras. Además, el Fondo de Asilo, Migración e Integración de la UE está dotado con 3.100 millones de euros hasta 2020, de los que España recibirá 257 millones. Los países deberán utilizar al menos el 20% de la cantidad que perciban en políticas de integración de inmigrantes y otro 20% adicional en mejorar sus sistemas de asilo.
Libre circulación entre fronteras: La reciente reforma de las normas que regulan el funcionamiento del espacio europeo sin fronteras internas permitirán el envío por sorpresa de equipos de inspección para comprobar que no se imponen controles ilegales en las fronteras internas del área Schengen. Según un reciente Eurobarómetro, el 62% de los europeos piensa que la libertad de circulación es el principal logro tras 50 años de integración europea.
Recientemente y tras las masacres vividas en aguas del Mediterráneo, la Comisión Europea ha propuesto una nueva agenda europea para las migraciones que está siendo debatida por el Parlamento Europeo.
26. Ayuda al Desarrollo
Las imágenes de conflictos y catástrofes que vemos continuamente en los periódicos y la televisión son fiel reflejo del mundo cada vez más complejo y vulnerable en que vivimos. A medida que aumenta su magnitud, crecen asimismo las necesidades humanitarias. La Unión Europea responde ofreciendo ayuda de emergencia a las víctimas en función de sus necesidades en todo el mundo, y lo hace a través de la Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil (ECHO) de la Comisión Europea. En cifras totales, Europa es el mayor donante de ayuda al desarrollo en el mundo (50% de la ayuda global), una solidaridad que ha aumentado pese a la crisis económica.
Según los datos recogidos por el Eurobarómetro en marzo de 2015, nueve de cada diez ciudadanos (90%) considera importante que la Unión Europea siga financiando la ayuda humanitaria, lo que supone un aumento de dos puntos porcentuales desde la última encuesta realizada en 2012. Casi el mismo porcentaje (85 %) apoya la financiación de la ayuda humanitaria pese a la crisis económica en Europa.
España se sitúa como el país del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que más redujo la Ayuda Oficial al Desarrollo a los países pobres en 2014, con una caída del 20,3%. La tendencia en Europa es la contraria: los estados del viejo continente que forman parte de este comité aumentaron su inversión un 1,6% el año pasado.
Según los datos de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) hechas públicas este miércoles por el CAD de la OCDE —que agrupa a los 28 principales países donantes del mundo, más la Comisión Europea— la Unión Europea se mantiene como el donante más importante a nivel internacional, con una aportación total de 58.200 millones de euros en 2014, pese a que 16 de sus estados miembros, incluido España, redujeron el pasado año su contribución.
Los ciudadanos europeos demuestran cada día su disposición a participar en labores de ayuda humanitaria y se vuelcan en los llamamientos ante catástrofes o conflictos. Hay casi 100 millones de adultos que realizan tareas de voluntariado en la UE. La iniciativa Voluntarios de ayuda humanitaria UE para el período 2014-2020 permite que más de 10.000 personas tengan la oportunidad de realizar labores de voluntariado en todo el mundo en operaciones humanitarias.
En homenaje a la faceta más solidaria de Europa, 2015 fue nombrado como el Año Europeo del Desarrollo.
27. Europa escucha: Comisión de Peticiones. España a la cabeza
Uno de los mecanismos más interesantes del Parlamento Europeo es la Comisión de Peticiones que actúa como el oído de Europa. Esta Comisión estudia las reclamaciones presentadas por ciudadanos de la UE que creen ver vulnerados los derechos reconocidos en el Tratado de la UE.
Los temas por lo que más reclaman los europeos son: medio ambiente, los asuntos sociales o la libertad de circulación, entre otros. Una vez presentada una queja, la Comisión decide si mantenerla abierta o desestimarla. En caso afirmativo, la Comisión coopera con las autoridades nacionales, regionales y locales para intentar encontrar solución a los problemas planteados e incluso es competente para realizar visitas de investigación a los Estados Miembros para su posterior información al Pleno.
El objetivo: velar por que existan soluciones extrajudiciales para los ciudadanos cuando éstos sustancien sus reclamaciones.
España es uno de los países que más acude al amparo de esta Comisión. Los ciudadanos españoles fueron los segundos que más peticiones presentaron ante el Parlamento Europeo en 2012. En concreto, la Eurocámara recibió 1.986 peticiones, de las que 311 procedían de España, un 15,7% del total. Por delante se situaron los alemanes con 475 quejas, el 23,9% de la cifra global y a los españoles nos siguieron italianos y rumanos.
En nuestro caso, los temas que centraron todas las quejas fueron: la crisis económica, la vivienda, el desempleo y el modo en el que los bancos tratan a los ahorradores. Estos se sumaron a los ya habituales, no solo a nivel español, de gestión de residuos, posibles riesgos de la energía nuclear, aves, hábitats y evaluaciones de impacto ambiental.
Dos de los casos españoles que han tenido más transcendencia han sido: el informe Auken (2008) sobre la aplicación de la Ley de Costas por parte del gobierno español - ley que los peticionarios consideraban arbitraria al demoler viviendas históricas en zonas de protección medioambiental, pero a la vez permitir la construcción de nuevos complejos residenciales de gran extensión en zonas de igual protección- y las quejas recientemente presentadas por representantes de plataformas de afectados por la hipoteca de varias provincias. Estos últimos han recogido varios miles de firmas de ciudadanos en contra de las cláusulas hipotecarias y la suscripción masiva de preferentes.
28. Impulso democrático
Desde su adhesión, España ha redefinido constantemente su papel dentro de la UE pasando de la periferia menos desarrollada a convertirse en uno de los principales protagonistas, con una fuerte y consolidada representación dentro de las Instituciones europeas, caracterizada por la constante aportación de ideas e iniciativas para contribuir a su desarrollo. Cabe destacar las aportaciones hechas por España a través de las cuatro presidencias del Consejo de la Unión Europea, entre las que se encuentra la puesta en marcha de las nuevas políticas e instituciones derivadas del Tratado de Lisboa, que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009, durante la última Presidencia Española, que tuvo lugar el primer semestre de 2010.
España ha tenido un papel imprescindible en los debates en el seno del Parlamento Europeo -presidida en estos 30 años por hasta tres españoles- en ámbitos fundamentales como la Política Agrícola Común o la Política de Pesca Común, que han sido instrumentos esenciales para defender sectores clave de la economía española y que, al mismo tiempo, han contribuido a promover un desarrollo sostenible y armónico en el conjunto de los Estados.
El sentimiento europeísta de España se ve refrendado en cada nueva edición del Eurobarómetro, buena muestras de ello ha sido la activa participación de nuestro país en momentos clave de la historia europea: España contribuyó proactivamente en el proceso de reforma de los tratados de Ámsterdam y Niza o la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE que fue inaugurada por José María Aznar durante su presidencia en el Consejo Europeo. Bajo el Gobierno de Rodríguez Zapatero, España fue el primer país en aprobar por referéndum la Constitución Europea, malograda finalmente por el rechazo de Francia, Holanda e Irlanda.
29. Españoles en la UE
Tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa (2009), España cuenta con la siguiente representación:
Un comisario: El comisario designado por España para la Comisión Europea es Miguel Arias Cañete, responsable de Acción por el Clima y Energía.
54 eurodiputados: El Parlamento Europeo se compone de 751 diputados elegidos en los 28 Estados miembros de la Unión Europea ampliada. Desde 1979, los diputados son elegidos por sufragio universal directo por un período de cinco años. España cuenta con 54 eurodiputados. Consulte aquí quiénes son: http://www.europarl.europa.eu/meps/es/search.html?country=ES
Un juez en el Tribunal de Justicia: El Tribunal de Justicia interpreta el Derecho de la UE para garantizar que se aplique de la misma forma en todos los países miembros. También resuelve conflictos legales entre los gobiernos y las instituciones de la UE. Los particulares, las empresas y las organizaciones pueden acudir también al Tribunal si consideran que una institución de la UE ha vulnerado sus derechos.
Un miembro en el Tribunal de Cuentas Europeo: El TCE se creó para auditar las finanzas de la UE, de modo que el punto de partida de su trabajo de auditoría es el presupuesto y las políticas de la UE, principalmente en ámbitos relacionados con el crecimiento y el empleo, el valor añadido, las finanzas públicas, el medio ambiente y la acción por el clima. El TCE audita tanto los ingresos como los gastos del presupuesto de la UE.
21 miembros en el Comité de las Regiones: España tiene 21 representantes en el Comité de las Regiones, la asamblea de representantes locales y regionales de la UE. Este órgano consultivo también asesora sobre las propuestas legislativas, para garantizar que tengan en cuenta la perspectiva de cada región de la UE.
21 miembros en el Comité Económico y Social: España tiene 21 representantes en el Comité Económico y Social Europeo. Este órgano consultivo, que representa a los empresarios, los trabajadores y otros grupos de interés, asesora acerca de la legislación propuesta para que se conozcan mejor los posibles cambios en la situación laboral y social de los países miembros.
Además, desde su incorporación a la Unión Europea, España desempeñado la Presidencia de turno semestral del Consejo en cuatro ocasiones, dos de ellas (1989 y 1995) durante los Gobiernos de Felipe González; la tercera con José María Aznar (2002) y la última con José Luis Rodríguez Zapatero (2010).
Nuestro país ha contado con destacados representantes en cada una de las instituciones así como altos funcionarios en sus instituciones. El Parlamento Europeo ha sido presidido por tres eurodiputados españoles Enrique Barón (1989-92), José María Gil Robles (1997-99) y Josep Borrell (2004-07). Por su parte, Javier Solana desempeñó durante una década, desde 1999, el cargo de Alto representante de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC). Además, la Comisión Europea ha contado con los siguientes comisarios europeos: Marcelino Oreja, Pedro Solbes, Loyola de Palacio, Abel Matutes, Manuel Marín, Joaquín Almunia y, desde el 1 de diciembre de 2014, Miguel Arias Cañete.
30.Coste de la No Europa
El concepto del "coste de la no Europa", utilizado por primera vez por el Parlamento Europeo en la década de 1980, se emplea aquí para cuantificar las potenciales ganancias de la economía europea actual si se aplicasen una serie de iniciativas políticas recientemente defendidas por el Parlamento Europeo o bien se profundizase en las ya existentes.
El estudio, realizado por la Unidad de Valor Añadido del Parlamento Europeo, destaca que, implementando estas medidas a lo largo del tiempo (por ejemplo: el Mercado Único Digital, el Mercado único de Consumidores, política de Seguridad y Defensa Común, etc.), la economía europea podría crecer cerca de 800.000 millones de euros o un 6% del PIB actual de la UE.
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