Construyendo el crecimiento: recomendaciones económicas por país

Tras analizar la situación de cada Estado miembro la Comisión Europea formula una serie de recomendaciones de política económica y ofrece orientaciones sobre cómo estimular el crecimiento económico, aumentar la competitividad y crear puestos de trabajo en el período 2014-2015.

Según el análisis de la Comisión, los esfuerzos políticos que se han hecho en los últimos años a todos los niveles han situado la economía de la UE en un terreno mucho más firme. Sin embargo, dado que el crecimiento seguirá siendo desigual y frágil en 2014-2015, se deben mantener las reformas “aunque sean impopulares”, ha dicho el presidente de la CE, José Manuel Barroso. El potencial de crecimiento de la UE es todavía relativamente bajo: los elevados niveles de desempleo y la difícil situación social mejorarán lentamente y el gran déficit de inversión tardará tiempo en desaparecer.

Análisis de la situación en España

España ha realizado algunos progresos para seguir las recomendaciones que  le propusieron en 2013. Ha adoptado una serie de reformas en los ámbitos de pensiones, asistencia sanitaria, institución fiscal independiente, Administración Pública, sector financiero, intermediación financiera no bancaria, mercado de trabajo, régimen de insolvencia de las empresas, mercado interior, liberalización del mercado del alquiler de viviendas y corrección del déficit tarifario del sector eléctrico. Esas reformas avanzan de forma desigual, algunas ya están en vigor, pero la mayoría de ellas aún se están desarrollando, y se encuentran  en algunos casos en una etapa inicial. La atención ahora debe centrarse en completar las reformas pendientes, complementándolas con nuevas medidas en su caso y aplicándolas rápidamente.

Recomendaciones específicas para España: Corregir el déficit excesivo.

• Aplicar de manera factible reformas estructurales ambiciosas que permitan incrementar la capacidad de ajuste e impulsar el crecimiento y el empleo.
• Aplicar un ajuste estructural para garantizar el respeto de la regla de la deuda con el fin de situar el elevado ratio de deuda de las administraciones públicas, en una senda de descenso constante.
• La nueva autoridad presupuestaria independiente debe comenzar a funcionar plenamente cuanto antes y aplicar, de forma rigurosa y transparente en todos los niveles de la Administración, las medidas preventivas, correctoras y coercitivas previstas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, incluyendo la eliminación de las deudas contraídas con entidades comerciales.
• Revisión sistemática del gasto antes de febrero de 2015, en todos los niveles de la Administración para contribuir a mejorar la eficiencia y la calidad del gasto público.
• Seguir aumentando la eficiencia de la asistencia sanitaria, aumentando especialmente la racionalización del gasto farmacéutico, particularmente en hospitales, e intensificando la coordinación entre los distintos tipos de asistencia, preservando al mismo tiempo la atención a los grupos vulnerables.

Impuestos

Adoptar, antes de finales de 2014, una reforma fiscal completa, que simplifique el sistema impositivo y contribuya en mayor medida al crecimiento y creación de empleo, así como a la preservación del medio ambiente y la estabilidad de la recaudación. A tal efecto

• Se debe, trasladar la imposición a impuestos menos distorsionadores como los que gravan el consumo o el deterioro del medio ambiente (por ejemplo, los aplicados a los combustibles) o impuestos recurrentes sobre bienes inmuebles;
• eliminar los gastos ineficientes en el impuesto de sociedades y el impuesto sobre la renta de las personas físicas;
• considerar la posibilidad de reducir las cotizaciones empresariales a la seguridad social, en particular en el caso de salarios reducidos;
• seguir corrigiendo la distorsión a favor del endeudamiento en el impuesto de sociedades,
• tomar medidas para evitar que la fiscalidad obstaculice el funcionamiento armonioso del mercado interior español.
• Intensificar la lucha contra la evasión fiscal.

Sector bancario

• Completar la reforma de las cajas de ahorro, con la aprobación de la legislación de desarrollo, y finalizar la reestructuración de las cajas de ahorro públicas, para acelerar su plena recuperación y facilitar su vuelta a manos privadas.
• Vigilar que los bancos mantengan ratios sólidas de capital y supervisar la actividad de la Sareb, para garantizar que los activos se enajenen en los plazos establecidos, minimizando el coste para el contribuyente.
• Completar las medidas en curso para facilitar el acceso a los créditos de las PYME, en particular, finalizando las iniciativas ya en marcha, para mejorar la intermediación financiera no bancaria.
• Eliminar los obstáculos restantes en el marco de la insolvencia empresarial —en particular mejorando los conocimientos especializados de los administradores concursales y la capacidad del sistema judicial para tramitar los asuntos de insolvencia— y desarrollar un marco permanente para la insolvencia personal.

Trabajo

• Reducir el número de tipos de contrato y garantizar un acceso equilibrado del trabajador a los derechos, en caso de cese de la relación laboral.
• Supervisión periódica de las reformas del mercado de trabajo. Velar por que la evolución de los salarios reales sea coherente con el objetivo de creación de empleo.
• Reforzar los requisitos de búsqueda de empleo para la percepción de las prestaciones de desempleo. Mejorar la eficacia y la orientación de las políticas activas del mercado de trabajo, incluidas las bonificaciones que se ofrecen por la contratación, sobre todo para quienes tienen más dificultades para acceder al empleo.
• Reforzar la coordinación entre las políticas del mercado de trabajo y las de educación y formación.
• Acelerar la modernización de los servicios públicos de empleo para que presten un asesoramiento personalizado eficaz, proporcionen formación adecuada y garanticen la correspondencia entre la demanda y la oferta de empleo, prestando especial atención a los parados de larga duración.
• Garantizar la aplicación eficaz, antes de finales de 2014, de las iniciativas de cooperación entre los sectores público y privado en los servicios de colocación y supervisar la calidad de los servicios proporcionados. Garantizar el funcionamiento efectivo del Portal Único de Empleo (EURES) y combinarlo con medidas adicionales de fomento de la movilidad laboral.

Garantía Juvenil y Enseñanza

• Aplicar la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016, y evaluar su eficacia. Proporcionar ofertas de empleo de buena calidad, contratos de aprendizaje y periodos de prácticas para jóvenes y mejorar el acercamiento a los jóvenes desempleados no registrados, de conformidad con los objetivos de una garantía juvenil.
• Aplicar eficazmente los nuevos programas educativos para mejorar la calidad de la educación primaria y secundaria. Mejorar el apoyo y asesoramiento proporcionados a los grupos que presentan riesgo de abandono prematuro de los estudios.
• Aumentar la compatibilidad con el mercado de trabajo, de los distintos tipos de formación profesional y de la enseñanza superior, en particular mejorando la cooperación con los empleadores y fomentando la formación de tutores y profesores.

Energía

• Tras la reforma de 2013, España debe eliminar a partir de 2014 el déficit del sector eléctrico, tomando, en su caso, las medidas estructurales adicionales que sean necesarias.
• Abordar el problema de las autopistas de peaje insolventes, de modo que se minimicen los costes para el Estado.
• Establecer, antes de finales de 2014, un observatorio independiente que contribuya a la evaluación de los grandes proyectos futuros de infraestructura.
• Tomar medidas que garanticen la competencia eficaz en los servicios de transporte ferroviario de pasajeros y mercancías.

Reforma Administraciones públicas

• Reforzar los mecanismos de control e incrementar la transparencia de las decisiones administrativas, en particular a nivel local y regional.
• Completar y supervisar cuidadosamente las medidas en curso para luchar contra la economía sumergida y el trabajo no declarado.
• Adoptar las reformas pendientes de la estructura del sistema judicial y del mapa judicial y garantizar la aplicación de las reformas aprobadas.

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