La Comisión propone un importante paso adelante para el mercado único de las telecomunicaciones

· planes para una telefonía móvil sin itinerancia en la UE

·normas más simples para ayudar a las empresas a invertir más y crecer a través de las fronteras

·protección de la neutralidad de la red en la UE por primera vez

·supresión de los recargos por las llamadas de teléfono internacionales en Europa

La Comisión Europea ha adoptado hoy su plan más ambicioso en veintiséis años de reforma del mercado de las telecomunicaciones. El paquete legislativo «un continente conectado», que el Presidente de la Comisión, José Manuel Barroso, ha presentado en su discurso sobre el estado de la Unión de 2013, cuando se adopte, reducirá los gastos de los consumidores, simplificará la burocracia a que se enfrentan las empresas y aportará una serie de nuevos derechos, tanto para los usuarios como para los proveedores de servicios, de manera que Europa pueda volver a ser un líder digital mundial.

Aunque las sucesivas reformas emprendidas por la Unión Europea han contribuido a transformar el modo de prestación de los servicios de telecomunicaciones en ella, el funcionamiento del sector sigue basándose en gran medida en veintiocho mercados nacionales. No existe ninguna empresa de telecomunicaciones que funcione en toda la UE, y tanto los operadores como los clientes se enfrentan a precios y normas diferentes.

Para abordar estos problemas, los principales elementos del paquete aprobado hoy son:

Simplificar las normas de la UE para los operadores de telecomunicaciones

Una autorización única para funcionar en los veintiocho Estados miembros (en lugar de veintiocho autorizaciones), un umbral legal exigente para regular los submercados de telecomunicaciones (que debería conducir a una reducción del número de mercados regulados) y una mayor armonización del modo en que los operadores pueden arrendar el acceso a las redes que son propiedad de las demás empresas, a fin de proporcionar un servicio competidor.

Eliminar del mercado los recargos de la itinerancia:

A partir del 1 de julio de 2014 se prohibirán los cargos para las llamadas entrantes cuando se viaje por la UE. Las empresas tendrán la posibilidad de 1) ofrecer planes de teléfono que se apliquen en toda la Unión Europea («itinerancia como en casa»), cuyo precio se verá impulsado por la competencia nacional, o 2) permitir que sus clientes puedan «disociar», es decir: optar por un proveedor de itinerancia distinto que ofrezca tarifas más baratas, sin necesidad de adquirir una nueva tarjeta SIM. Esta posibilidad se basa en el Reglamento sobre la itinerancia de 2012 que obliga a los operadores a efectuar en julio de 2014 reducciones del 67 % de los precios mayoristas aplicables a los datos.

Fin a los recargos en las llamadas internacionales en Europa

En la actualidad, las empresas tienden a cobrar un recargo por las llamadas efectuadas tanto con teléfonos fijos como móviles desde el país del consumidor a otros países de la UE. La propuesta que se presenta hoy significa que las empresas no podrán cobrar más por una llamada realizada con un teléfono fijo dentro de la UE que por una llamada nacional de larga distancia. El precio de las llamadas de móvil efectuadas dentro de la UE no podrá ser superior a 0,19 euros por minuto (más IVA). Al fijar los precios, las empresas podrán recuperar los costes que puedan justificarse objetivamente, pero desaparecerán los beneficios arbitrarios derivados de las llamadas realizadas dentro de la UE.

Protección legal de la Internet abierta (neutralidad de la red)

Se prohibirá el bloqueo y estrangulamiento de los contenidos de Internet, y se ofrecerá a los usuarios acceso a una Internet íntegra y abierta, independientemente del coste o la velocidad de su conexión a esta. Las empresas podrán seguir proporcionando «servicios especializados» de calidad garantizada (por ejemplo, televisión por IP, vídeo a la carta, aplicaciones como las imágenes médicas de gran resolución, quirófanos virtuales y aplicaciones en nube con gran volumen de datos que son críticas para las empresas), siempre que ello no afecte a las velocidades de Internet prometidas a otros clientes. Los consumidores tendrán derecho a comprobar si reciben la velocidad de Internet que pagan y a desistir del contrato en caso de que no se cumplan los compromisos.

Nuevos derechos de los consumidores y armonización de todos los derechos en Europa

Nuevos derechos, como contratos que estén redactados en un lenguaje sencillo y ofrezcan información más comparable, mayores posibilidades de cambiar de proveedor o de contrato, derecho a un contrato de doce meses si no se desea un contrato de mayor duración, derecho a desistir del contrato si no se ofrecen las velocidades de Internet prometidas, y derecho a recibir en una nueva dirección de correo electrónico los correos que se envíen a la anterior tras el cambio de proveedor de Internet.

Asignación coordinada del espectro

Ello garantizará a los europeos un mayor acceso a la telefonía móvil 4G y mayor disponibilidad de redes Wi-Fi. Los operadores móviles podrán desarrollar planes de inversión transfronterizos más eficientes, gracias a una mayor coordinación de los calendarios, la duración y otras condiciones vinculadas a la asignación del espectro. Los Estados miembros seguirán siendo responsables y continuarán beneficiándose de los cánones de los operadores móviles, a la vez que actúan en un marco más coherente. Este marco permitirá también ampliar el mercado de los equipos de telecomunicaciones avanzadas.

Más seguridad para los inversores

La Recomendación sobre las metodologías de costes y la no discriminación es el segundo elemento de este paquete, que complementa el Reglamento propuesto y está intrínsecamente relacionada con él. Su objetivo es aumentar la seguridad de los inversores, con el fin de incrementar sus niveles de inversión, y reducir las divergencias entre los reguladores. Esto supone 1) una mayor armonización y estabilización de los costes que los operadores tradicionales pueden cobrar por ofrecer a otros acceso a sus redes de cobre existentes; y 2) la garantía de que «los solicitantes de acceso» cuentan realmente con un acceso equivalente a las redes. Cuando se garanticen esas limitaciones competitivas y la no discriminación, los precios del acceso mayorista a la banda ancha de «próxima generación» los determinará el mercado y no los reguladores, lo que supondrá reducir la burocracia para los operadores.